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El Simposio puede cambiar nuestro futuro

Uno de los prejuicios más arraigados en la psique humana es el del providencialismo, ya sea en su modalidad pagana (el fatum estoico), cristiana (en la forma todavía más implacable de la predestinación para luteranos y calvinistas) o secularizada (recordemos el mito del progreso característico de la Ilustración o la lucha de clases marxista). La idea de que el destino está escrito (para bien o para mal) y que resulta inútil luchar para cambiarlo, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Según dicen los biólogos evolucionistas, constituye una extraña derivación de la creencia en recompensas y castigos divinos, que debió en algún momento constituir una ventaja

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Flash informativo: Depósito notarial de copias

Hemos recibido en nuestros correos electrónicos el manual de uso y disfrute de la extraña aplicación que apareció en SIGNO hace unas semanas, llamada “Depósito Notarial de Copias”, que permanecía inoperativa y que no lo estará hasta el nueve de mayo. El manual va acompañado de una carta de presentación firmada por…nadie.
Básicamente, la aplicación consiste en los siguiente: cualquier Notario, a solicitud del interesado, constante en un formulario específico que al efecto se anexa en el manual, puede subir a la aplicación copias autorizadas electrónicas, a disposición de todos los Notarios, que podrán consultarlas cuando, a su juicio y bajo su responsabilidad, sea preciso el conocimiento de su

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Entrevista al Decano Ollé “La Notaría”

El último número publicado de la revista La Notaría, editada por el Colegio Notarial de Cataluña, contiene una extensa entrevista al Decano de dicho Colegio, Joan Carles Ollé i Fávaro. No es el propósito de este post resumirla, sino destacar el subtexto de algunas respuestas, reveladoras de ciertas convicciones imperantes en la cúpula corporativa y que están en la raíz de algunos de los problemas que desde este blog se vienen denunciando.
Mis comentarios tienen que ver fundamentalmente con la total desconexión entre el órgano directivo máximo del Notariado y las opiniones, necesidades e intereses de los notarios.
El Decano Ollé  glosa las bondades de la demarcación ( la

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La oposición a Notario y las dudas del Notario electo

(Este post es obra de Blanca Villanueva y de Fernando Romero, notarios electos)
Participar en este blog nos resulta gratificante por dos motivos: el primero, porque es indicativo de que formamos parte del cuerpo de Notarios; el segundo, porque nos permite compartir las dudas o inquietudes sobre el ejercicio profesional con compañeros de dilatada experiencia y de los que los nuevos ingresados tenemos mucho que aprender.
No obstante, dado que hemos aprobado en las últimas oposiciones celebradas en Barcelona, finalizadas este mes de febrero de 2016 y, en este momento, no hemos comenzado con el ejercicio y, por tanto, no podemos aportar nuestras inquietudes como Notarios efectivos, nos limitaremos

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Reanuda como puedas: expediente para la reanudación del tracto sucesivo (art 208 LH)

Comienza diciendo el artículo 208 LH en su actual redacción: “La reanudación del tracto sucesivo interrumpido se realizará en expediente tramitado con arreglo a las siguientes reglas…”.
Este enunciado contiene una inexactitud. Para los destinatarios de la norma, hubiera sido más elocuente, a modo de informativa advertencia, un inicio del precepto que fuera algo así como: La reanudación del tracto sucesivo interrumpido será prácticamente imposible conseguirla como consecuencia de las siguientes reglas que regulan su tramitación…”.
En efecto, si se lee el artículo se llega (o, al menos llego yo) a una desazonadora conclusión: que el que el legislador no ha regulado un verdadero expediente, por mucho que diga.

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Nueva etapa en Transparencia Notarial

Como es sabido, el Comité Organizador del Simposio Notarial  2016 ya ha anunciado fecha (28 y 29 de mayo), lugar (Madrid) y temas a debatir en el Simposio. Esta pues en marcha un proceso colectivo de reflexión crítica sobre lo que el Notariado es, sobre lo que el Notariado está siendo, y sobre lo que el Notariado debe ser. Una oportunidad que no debemos dejar pasar, más de treinta años después del Simposio que, en unas condiciones de cambio político y social semejantes, se celebró en Barcelona en el año 1983
Transparencia Notarial nació en junio de dos mil catorce de la mano de ocho editores con el propósito

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El blanqueador negligente

En el año 2004, Felicísimo, notario de algún sitio de Baleares, autoriza una escritura de constitución de sociedad de 6000 euros de capital en la que son socios dos sociedades panameñas. En el número siguiente de protocolo, la sociedad constituida compra un inmueble por precio de 1850000 euros que se dice confesado y recibido con anterioridad al acto.
En el mismo saco que toda la banda -pues era una operación de blanqueo- el notario es acusado por cometer el delito de blanqueo por imprudencia, dado que:
-La operación era sospechosa: “A pesar de que a operación realizada aparecía ya de por sí sospechosa….”
-el notario era sujeto obligado desde la ley 19/2003
-el precio se dice recibido con anterioridad en

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Formación en materia de blanqueo…y en general

He terminado recientemente el Curso Ampliado de Prevención de Blanqueo de  capitales que ofrece el OCP. Me apresuro a recomendar su realización (aparte de que, dicho sea de paso, la formación es obligatoria). Y no porque aprendas muchas cosas que no sepas o que no puedas conocer a través del Manual que proporciona el mismo órgano o a través del conocimiento de la ley o de las diversas comunicaciones oficiales, sino simplemente porque te hace más consciente de la complejidad que esta delincuencia de guante blanco (o al menos de guante blanco cuando aparece por nuestros despachos) imprime a sus actuaciones. Particularmente, hay un capítulo destinado a ejemplificar algunas

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Elecciones generales. Propuestas de los programas de los partidos políticos en materias de interés para los notarios

El objeto de este post, en el día en que da comienzo la campaña para las elecciones generales que se celebrarán el día veinte de diciembre, es reseñar las referencias que, a diversas cuestiones de interés directo para los Notarios, contienen los programas electorales publicados de los cuatro partidos que, según indican todas las encuestas y sondeos, tienen posibilidades reales de conformar, por sí solos o en el marco de pactos o acuerdos, una mayoría de gobierno. Es decir, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Podemos.
Deben los lectores disculpar al autor de este post por no leerse íntegros los programas electorales. Para el examen

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El Simposio Notarial sigue adelante

Aunque más lentamente de lo deseado por su Comité Organizador, el Simposio Notarial sigue adelante. El último paso dado por el Comité ha sido la realización de una encuesta entre los notarios con la finalidad de seleccionar los temas a debatir en el Simposio, en el que se quiere reflexionar sobre los retos presentes y futuros del notariado, y sobre su aportación a la justicia y al desarrollo económico de nuestro país.
La encuesta se ha hecho a través de internet, mediante la utilización de la aplicación de la empresa e-encuesta.com que, además de permitir un diseño fácil y rápido de la misma, realiza de forma automática un

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La reforma de las oposiciones libres. Algunas ideas

El Consejo General del Notariado, en la reunión del Pleno celebrada el día 26 de septiembre de este año, decidió formar una comisión que estudiase las posibles reformas a introducir en la oposición libre para la obtención  del título de Notario. Así se consigna en la habitual reseña de acuerdos que el SIC publica tras cada reunión de dicho órgano. No se expresan en tal comunicación los motivos que empujan al Consejo a acometer tal estudio, mas una inquisición periodística por parte de quien suscribe permite averiguar que en el Consejo preocupa fundamentalmente el descenso del número de opositores registrada de manera sucesiva en las últimas convocatorias y el

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Reunión de notarios tuiteros

El pasado sábado tuvo lugar en Madrid una reunión notarial muy peculiar. No se trató, no, de una junta general ordinaria, ni de una reunión del Consejo General del Notariado, ni un Congreso profesional o Seminario de Derecho privado al uso. El objeto fue la “desvirtualización” de los compañeros notarios presentes en las redes sociales, particularmente en Twitter, con el objeto de conocerse personalmente y cambiar impresiones.
La reunión fue convocada por quién en tales redes es conocido como Justito el Notario -cuya identidad no revelamos por si no es su voluntad- y congregó a cincuenta y tantas personas (42 compañeros y 11 acompañantes) de toda España, entre

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La oculta corrupción privada

Nuestro compañero Francisco-José Ábalos publicó en el periódico digital de Huelva HuelvaYa.es un interesante artículo sobre la corrupción privada que por su interés y por poder afectar al ejercicio de nuestra profesión, reproducimos con su consentimiento.
________
– “Cuanta corrupción hay en el mundo” .
– “La corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta” .
                                                                               Papa Francisco.
Desafortunadamente, desde hace ya por lo menos un lustro, entre los problemas que más preocupan a los españoles figura el de la corrupción, precedido únicamente por el del paro. Así resulta de todos los estudios que en este lapso de tiempo se han realizado, entre otros, por el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin embargo esa preocupación no ha tenido el

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El alcance de la intervención notarial en la contratación bancaria

El texto que sigue a continuación, redactado por mí, fue publicado en el libro  “La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios” , coordinado por José María López Jiménez (apartado 8 del capítulo 5), Bosch, 2015. Segunda edición. Por si pudiera tener en cuanto se refiere a la función notarial, he considerado oportuno repetirlo aquí:
El notario en la contratación bancaria: su papel con cada parte.
La intervención notarial es frecuente en la contratación bancaria porque los efectos que produce aquélla interesan a las entidades bancarias y también a los contratantes de sus servicios.
A las entidades bancarias les interesan fundamentalmente los efectos del documento en sí: el efecto probatorio de la existencia del contrato: el efecto legitimador de

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¿Cambia la Ley de Jurisdicción Voluntaria la función notarial?

La enorme variedad y prolijidad de materias que se encuentran en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, a la que se añade la de la reforma de la ley Hipotecaria y del Catastro por ley 13/2015, ha generado opiniones muy variadas, tanto cuantitativas como cualitativas. Desde el primer punto de vista, y sin llegar al extremo de La Vanguardia del 17 de agosto que, literalmente, dice “la nueva ley atribuye más de mil nuevas competencias a estos profesionales del derecho”, es indudable que la nueva ley introduce reformas que, previsiblemente, van a hacer que los notarios autoricen documentos que antes no autorizaban. Por una vez, y sin que sirva de

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Felices vacaciones

Aunque un poco entrado ya agosto, parece que procede advertir que durante este mes pararemos las maquinas blogueras para recuperar fuerzas ara un septiembre que se presenta interesante. Por un lado, la cuestión de la solicitud de copias para la BDTR precisará previsiblemente un post que explique en que ha quedado la cosa finalmente; por otro, según nuestras informaciones, comenzará el despegue de un Simposio o Congreso que, esperamos, permita a los notarios expresar de una vez sus opiniones sobre las cuestiones que tratamos en este blog y muchas otras.  Por supuesto, no excluimos que algún editor se arranque con algún post festivo o de actualidad, pero eso nunca

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Sobre la nueva aplicación de ANCERT: el “Informe de Actividad del Fallecido”

La pasada semana se puso en funcionamiento una nueva utilidad en SIGNO llamada “Informe de Actividad del Fallecido”. Mediante el pago de diez euros, cualquier Notario, utilizando su tarjeta FEREN, puede, simplemente introduciendo el DNI de una persona, conocer todas las escrituras actas y pólizas que ésta ha otorgado desde el año 2008.
Al realizar una consulta desde dicha aplicación, se puede constatar que:
– La aplicación permite conocer los instrumentos otorgados por  cualquier persona, y por tanto referirse la consulta a personas aún vivas.
– Aparece cualquier instrumento otorgado por la persona respecto de quien se consulta, incluidos los testamentos.
– Aparecen operaciones que están fenecidas (préstamos pagados,

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La concentración de solicitudes de copias por vía electrónica y la conveniencia operativa

En estos últimos años, y ante la intensificación por la crisis económica de las ejecuciones hipotecarias, se ha extendido la práctica de las entidades financieras y sus gestorías de concentrar en determinados despachos notariales las solicitudes de copias autorizadas por vía electrónica de escrituras de préstamo hipotecario, que son el título en que fundan su acción ejecutiva.
Tal centralización de solicitudes obedece por parte de las entidades acreedoras a las habituales razones de eficiencia y conveniencia operativa. Así, en lugar enviar a un apoderado a recorrer en busca de las copias las notarías en que en su día se formalizaron los correspondientes préstamos, ese apoderado acude al notario elegido

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Transparencia Notarial cumple un año

El 17 de junio del año pasado publicábamos nuestro primer post, que encabezábamos con un título bien descriptivo: “Nace Transparencia Notarial”. Desde ese día han pasado muchas cosas, y nos han pasado muchas cosas.
Nos hemos ocupado en este blog de la situación de los nuevos notarios afectados por los retrasos en la demarcación, las crisis y luchas habidas en el seno del Consejo, la situación de la Mutualidad Notarial, la nueva sede para el Consejo, el proyecto de venta de nuestra Base de Datos de Titulares Reales a los bancos, y en relación a ello, las solicitudes masivas de copias por el OCP para depurar sus datos, ante

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La insoportable levedad de la escritura pública

La crisis económica ha perjudicado la reputación social y jurídica del Notariado. Junto a otros motivos, algunos de ellos internos, ese hecho se explica en parte por la incidencia de varias resoluciones judiciales cuyo común denominador es la anulación del documento notarial por motivos que podrían aplicarse a muchos otros similares. Quizá no quepa hablar con propiedad de jurisprudencia, pero sí de una doctrina judicial común a varias parcelas del derecho privado que sacrifica sistemáticamente la seguridad jurídica en aras de una subjetiva concepción de la justicia del caso concreto, a través precisamente de la declaración de nulidad de determinadas escrituras públicas.
Se trata de un efecto colateral de

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La necesaria reforma del arancel notarial

Los notarios, en España y en general en aquellos países en donde existe el sistema de notariado latino, actuamos en un régimen de competencia, si bien se trata de una competencia restringida, en cuanto está limitada por dos factores: el numerus clausus y la retribución por arancel.
El arancel es la forma de retribución que tenemos los notarios y tradicionalmente se ha considerado que es la que mejor se ajusta al doble carácter de nuestra función, constituida por la fusión inescindible de un conjunto de elementos públicos y privados, como muy bien nos ha enseñado a todos Rodríguez Adrados. El arancel retribuye, conjuntamente, por un lado el control de

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Lo que separa Málaga de La Palma. ¿Por qué el CGN tiene tan poca capacidad de convocatoria entre los notarios?

El 29 de marzo de 2014 se celebraron las Jornadas Notariales de Málaga (link a la web), que fueron organizadas por un pequeño grupo de notarios, sin apoyo alguno del Consejo General del Notariado (CGN), que incluso llegó a vetar la posibilidad de que se anunciara la celebración de las Jornadas a través del SIC (página web corporativa del notariado). La falta de medios y apoyos institucionales para su organización, fue suplida por una gran ilusión y un intenso trabajo de los miembros del Comité Organizador y de los ponentes, que se tradujo en un éxito rotundo de las Jornadas, tanto por el número de compañeros asistentes 236,

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Sobre consumidores, notarios y occas

Estaba claro que más tarde o más temprano iba a plantearse la cuestión de la actuación notarial en relación a los consumidores. Tras la llegada de la crisis muchos conceptos e instituciones, aparentemente sólidos, se han puesto sobre la palestra y surgen diatribas varias sobre su utilidad para poner freno a diversos abusos reales o presuntos y se hace necesario reflexionar sobre ellas y también sobre nosotros mismos. Las iniciativas sobre la dación en pago, las injusticias derivadas de las adjudicaciones en procedimientos hipotecarios con tasaciones trasnochadas, la proliferación de desahucio con el drama y coste social que ello conlleva, la falta de una legislación sobre segunda oportunidad, malamente

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La nueva versión del Indice Unico y las vías de negocio

Corría el año 2008 cuando un por entonces Decano dijo lo siguiente: “nuestros políticos no han leído a Núñez Lagos, ni piensan leerlo. En cambio entienden con facilidad la eficacia del Indice Unico” .
Siete años después, ese planteamiento estratégico que tan gráficamente se nos resumía a los notarios ha llevado a una situación en la que nuestros representantes corporativos leerán o no a Nuñez Lagos, pero por lo visto desatienden la Ley Orgánica del Notariado, el Reglamento Notarial y las demás disposiciones reguladoras de nuestra función en cuanto obstaculice el que consideran adecuado desarrollo del Indice Unico Informatizado y de la Base de Datos de Titular Real.
Así, en los últimos meses, y con base en un acuerdo del Consejo General del Notariado, los notarios estamos recibiendo solicitudes

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Estado actual del tema de la Mutualidad Notarial

Creo que es interesante –y necesario– precisar, para conocimiento general, el estado actual del tema de la Mutualidad Notarial (M.N.). En estos momentos es el siguiente:

En julio de 2014 la Junta de Patronato adoptó el acuerdo de realizar el pago de lo que llamábamos “los atrasos”, es decir, las cantidades que a jubilados y viudas correspondería haber percibido desde 1 de enero de 2004, fecha esencial en que cambió radicalmente el sistema de previsión del notariado, que pasó a depender de la Seguridad Social general mediante el pago de una cantidad –cercana a los 60.000 millones de pesetas– que se satisfizo íntegramente con una buena parte del patrimonio

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Ancert: el nuevo legislador

El pasado día 4 de mayo, nos encontramos en la página de ANCERT con el nuevo manual de uso y novedades en el expediente electrónico de Mayo 2015. Entre las novedades que se han introducido, destaca la relativa a la consulta obligatoria por parte del notario autorizante de la base de datos de titularidad real, en todos los casos en los que intervenga una persona jurídica no excepcionada, y se trate de un documento cuya cuantía supere los 15.000 € o en el que concurra algún factor de riesgo.
En todos estos casos la consulta será de “obligatorio cumplimiento”, de tal manera que el sistema detectará si el notario

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Un Notariado combativo

La reciente jurisprudencia sobre clausulas suelo ha venido a consolidar un nuevo criterio para el control del contenido de las cláusulas predispuestas en contratos con consumidores (y puede que no solo con consumidores): la transparencia. Así, la transparencia de las cláusulas no solo vendrá referida a la fase “control de la incorporación”, en su sentido de legibilidad y comprensibilidad, sino que también puede su falta (la falta de transparencia) determinar la abusividad de la cláusula en cuestión. Tal ocurrirá cuando, de acuerdo con las circunstancias del caso, el consumidor no haya podido hacerse una completa composición de lugar acerca de las consecuencias económicas del contrato, de modo que pueda

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El control ético de la relación jurídica Estado-notario

Nuestro compañero Antonio Longo nos envió como comentario al post del día quince de abril el texto de su ponencia en la mesa redonda “El control ético de la relación jurídica Estado-notario” de las Jornadas Notariales de La Palma celebradas entre los días cinco y ocho del pasado mes de marzo. Dado el gran interés de la misma, los editores hemos considerado más adecuado el publicarla como post.

“Entre el Estado y el Notario, como en general entre el Estado y cualquier funcionario público, existe una relación jurídica, un acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, cuya principal peculiaridad deriva de su misma finalidad: la atención y protección de un interés general, circunstancia que justifica no sólo que su regulación esté predeterminada por una de las partes, el Estado, sino que pueda ser modificada unilateralmente por la misma, sin que la otra, el funcionario, pueda alegar la existencia de derechos adquiridos a su mantenimiento, o exigir responsabilidades derivadas del incumplimiento de eventuales expectativas generadas.

Ello no obstante, no parece que tal facultad de modificación unilateral pueda ser considerada como absolutamente discrecional, puesto que en todo caso debería orientarse a la mejor protección del referido interés general. Del mismo modo, en cualquier análisis que quiera hacerse de los efectos y contenido de esa relación jurídica, y en definitiva de los derechos y deberes inherentes a la función notarial, la prioridad no puede ser otra que intentar confirmar hasta qué punto los mismos, tal como son entendidos y aplicados, resultan conformes al interés general que les sirve de justificación.

Dado que esta circunstancia es aplicable no sólo a la función notarial, sino, como decíamos, a cualquier otra función pública, puede ser útil tomar como referencia lo establecido al respecto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), puesto que si bien su art. 4 ya señala que el EBEP no se aplica a determinados colectivos de funcionarios públicos, como jueces, fiscales, o funcionarios retribuidos por arancel -salvo que así se disponga en su legislación específica-, como tal estatuto básico puede sin embargo considerarse cuando menos como una “guía” de lo que en nuestro derecho se entiende como perfiles definitorios de la posición jurídica del funcionario público en su relación con el Estado, y de los principios éticos que la inspiran.

Los deberes del empleado público (concepto que engloba al funcionario de carrera y al empleado público laboral) vienen recogidos en los arts. 52 a 54 EBEP. El primero de ellos establece una regla general según la cual “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”. A continuación, la norma hace referencia a una serie de principios éticos y de conducta que se desarrollan en los artículos siguientes. Entre ellos, la doctrina suele considerar como paradigma el principio de integridad, que para SÁNCHEZ MORÓN exige “evitar todas aquellas conductas activas o pasivas que puedan suponer un beneficio ilícito para el empleado público o sus allegados, en detrimento del servicio, de los intereses generales y de los recursos y bienes de la Administración”. Por lo que se refiere a los derechos, dado que nos interesa en último término atender a los perfiles del estatuto del funcionario público en tanto en cuanto resulten aplicables -o similares a los aplicables- al Notario, y huyendo de toda pretensión de exhaustividad, nos referiremos únicamente a dos de los diecisiete “derechos individuales” recogidos en el art. 14 del EBEP, los relativos al “desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional” (art. 14 b) y “a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio” (art. 14 d).

El desempeño de sus funciones aparece por tanto no sólo como lógico deber del funcionario sino también como uno de sus derechos. Cabe entender así que, en el caso del Notario, la Administración debe exigir, pero también permitir, que éste desempeñe de forma efectiva su función, que, en una definición sencilla adaptada a lo previsto en la legislación notarial, no es otra que la de proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos, mediante el asesoramiento a los mismos y el control de legalidad en sus relaciones jurídicas.

A partir de ahí podemos preguntarnos cómo se presenta a día de hoy el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes por el notario. Decíamos antes que cualquier reflexión al respecto debe estar presidida por la atención prioritaria al interés general, y asumir que éste es cambiante, por lo que, más allá de rígidas formulaciones legales, estamos, en la mayor parte de los casos, ante principios que habrán de ser interpretados de acuerdo con las circunstancias de cada momento. Intentando cumplir con esta premisa, retomemos la pregunta: ¿resulta satisfactorio a día de hoy el grado de ejercicio por el Notario de sus derechos al desempeño efectivo de sus funciones y a percibir las retribuciones que le corresponden?

Sabemos que una de las preocupaciones más extendidas entre los Notarios es hoy la acumulación de obligaciones de índole burocrático-informativa impuestas por la Administración, que lleva a algunos a considerar que se está desnaturalizando la función misma. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, como consecuencia derivada de esa mutabilidad del interés general, del propio EBEP (art. 73.2) resulta que el derecho al desempeño efectivo de sus funciones no es incompatible con la asignación de otras funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeña el funcionario, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, y sin merma de las retribuciones.

De acuerdo con estas referencias podríamos deducir, en primer lugar, que la atribución al Notario de determinadas tareas adicionales a las propias de su función estará justificada si así lo demanda el interés general (al que, entiendo, acaba por dirigirnos esa más específica referencia a “las necesidades del servicio” que hace el EBEP); en segundo lugar, que dicha atribución de tareas no debe impedir el desempeño efectivo por el Notario de sus funciones propias, ni la percepción de las retribuciones adecuadas. No se trata sin embargo de consideraciones autónomas, sino, por el contrario, inescindiblemente unidas: no se estará protegiendo el interés general si no se respetan los citados derechos, cuyo reconocimiento no tiene otro fundamento que ese mismo interés general que se trata de proteger. Es necesario por tanto que el análisis del derecho a la retribución se enmarque en el contexto adecuado, porque, como recuerda SÁNCHEZ MORÓN, su reconocimiento “no descansa exclusivamente en la aplicación de valores jurídicos universales, sino en razones de eficacia e interés público: cuando las retribuciones no son apropiadas las disfunciones están comprobadas, e incluyen desde la reducción de la motivación y el grado de compromiso hasta la fuga de cerebros o la corrupción”.

Pues bien, creo que en el notariado español, o en una parte importante del mismo, se ha instalado actualmente el convencimiento de que la actual política del Estado de atribuir al Notario una acumulación de tareas adicionales, ajenas su originaria función legal, está poniendo en peligro el desempeño efectivo de ésta, y que ello, por sí mismo, resulta contrario al interés general. Añadir que se trata de tareas no retribuidas, o inadecuadamente retribuidas, no es una cuestión menor en el fundamento de dicha conclusión, pero tampoco constituye su elemento principal. Porque la perceptible reducción de la motivación (que no del grado de compromiso), como también la cierta o posible fuga de cerebros (atiéndase al incremento de las jubilaciones anticipadas y a la reducción del número de opositores) que sufre el notariado no tienen causa exclusivamente económica, sino que son efecto de la enorme dificultad de ejercer adecuadamente nuestra profesión, más aún en un marco legislativo y jurisprudencial tan exigente como el actual. Dificultad a la que contribuye de modo muy directo esa exhaustiva acumulación de tareas no retribuidas.

Sintetizando: la oficina notarial no puede asumir, sin deterioro del servicio que presta, tareas que implican un constante incremento de los medios personales y materiales que no está en condiciones de incorporar. Como tampoco el Notario debe verse obligado a asumir responsabilidades burocráticas que le impidan ofrecer al ciudadano lo que según la ley tiene éste derecho a exigir, o que no le permitan atender a la imprescindible formación continuada que el desempeño de su función demanda de modo inexcusable.

Por lo demás, cuando el art. 1 LN establece que el Notario “da fe conforme a las leyes”, ello implica, en palabras de PEDRO ÁVILA, “la obligación general de creer en la celebración de un contrato en los términos en que se narra”. Y no parece muy acorde con esa obligación que el propio Estado imponga para ello requisitos como el de la “firma manuscrita” en las escrituras de préstamos hipotecarios. Como desde luego, tampoco facilita el desempeño efectivo de la función notarial que hayan transcurrido más de trece años y aún no se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales que deben permitir el acceso del Notario a los libros del Registro.

Sin embargo, hay que preguntarse también acerca del cumplimiento por el notario de sus deberes. Por referirnos a una cuestión recurrente, ¿hasta qué punto es objetivamente compatible la acumulación de instrumentos autorizados con ese desempeño efectivo de la función notarial? Es una cuestión que no obstante haber sido contestada incluso por los Tribunales no parece generar la intención de abrir un verdadero debate que permita la búsqueda de una respuesta práctica razonable.

Si atendemos, por lo demás, a qué se pueden considerar conductas ajustadas o no al principio de integridad, surgen muchas otras cuestiones. Pero también aquí hay que ser prudente antes de dar cualquier respuesta, porque el de integridad es un concepto cambiante, que tradicionalmente se asociaba a las ideas de independencia y neutralidad frente a la clase política y al objetivo de garantizar primordialmente la seguridad jurídica, mientras que ya en las dos últimas décadas del siglo XX, con la incorporación de fuerzas de mercado a la producción de los servicios públicos, pasa a incluir otros valores, fundamentalmente los de las tres “e”: eficacia, economía y eficiencia. Integridad, sí, pero sometida a la necesidad de conseguir grados superiores de productividad. Una frase ilustra, con provocación, esta línea de pensamiento: “sólo hay una cosa peor que una burocracia lenta, anacrónica y deshonesta; es una burocracia lenta, anacrónica y honesta”.

Cualquier concepción del principio de integridad que desvincule el mismo de las ideas de neutralidad e independencia no sería, sin embargo, sino una desvirtuación de aquél. Otra cosa es que la neutralidad y la independencia deban ahora procurarse no tanto frente al poder político como frente al poder económico. En este sentido, el EBEP señala como algunas de las manifestaciones del principio de integridad los deberes de abstenerse en todo asunto en que exista un interés personal y en actividades o negocios jurídicos que pudieran suponer un conflicto de intereses con el desempeño de la función pública.

A la vista de lo cual podríamos plantearnos: ¿se ve afectada la integridad del Notario cuando la autorización de instrumentos otorgados por una determinada entidad financiera se percibe asociada a la relación comercial del Notario con la misma?; ¿es razonable, desde este punto de vista, que el Notario forme parte del órgano de administración de una de dichas entidades?; ¿podemos asegurar que en ningún caso el volumen de la contratación autorizada resulta inversamente proporcional al grado de escrupulosidad en el cumplimiento de incómodos requisitos reglamentarios? La doctrina acostumbra a asociar el principio de integridad al más genérico de honestidad, y así lo hace también el propio EBEP. Honestidad, competencia y responsabilidad son los deberes éticos fundamentales del profesional, según JULIO DE ZAN, que alude a la distinción que hacía McINTYRE entre los bienes internos a una práctica profesional, a los que se orienta su finalidad social, y los bienes externos, como los intereses personales o motivaciones subjetivas. Los bienes internos son comunes, y benefician a todos, a los destinatarios del servicio y al propio cuerpo profesional; la eventual competencia por el logro de los mismos, cuando se da, tiene por objeto la excelencia profesional. Los bienes externos (dinero, poder…) son en cambio de apropiación individual, y objeto de una competencia en la que hay perdedores y ganadores. Pues bien, la honestidad profesional, nos dice este autor, es el resultado de haber asumido como un interés propio los bienes internos de una práctica, y es incompatible con cualquier actuación en la que los bienes externos constituyan el fin principal. Degradar el bien interno a la categoría de un mero medio subordinado a los intereses de beneficio individual produce lo que De Zan denomina corrupción sustancial, en sentido moral, de la actividad profesional. Algo parecido se produciría si el Notario, más allá de sus legítimas aspiraciones a una remuneración acorde con el grado efectivo de desempeño de su función, pretendiera patrimonializar la fe pública, convertirla en negocio, por ejemplo comerciando con otro en relación a un teórico “fondo de comercio”, incluso como garantía de un complemento para después de la jubilación. Dice DE ZAN que esa suerte de inversión de los fines de la actividad lleva a que la misma, y quienes en ella cooperan, acaben perdiendo su legitimidad social, y, con ella, toda su credibilidad.

La conclusión de todo lo anterior es que el adecuado desempeño de la función requiere la asunción de unos deberes éticos que trasciende al mero reflejo legal de éstos. Se habla, en síntesis, de un clima ético en el que los miembros de una organización perciban la existencia de unos determinados patrones normativos con un grado suficiente de consenso. ¿Cómo se consigue semejante objetivo, mediante la coerción o mediante la motivación? LONGO y ALBAREDA nos dicen que la tendencia es a compatibilizar ambos sistemas, a través de lo que la doctrina ha dado en llamar la “infraestructura ética”, un concepto acuñado por la OCDE en 1996, y que integra tres tipos de mecanismos: de control, de orientación y de gestión. Los mecanismos de control buscan establecer un marco legislativo del cual derive la obligación de rendir cuentas, focalizando así la atención en lo que no se debe hacer. Constituyen lo que la doctrina denomina la “ruta fácil”. Junto a ellos, los mecanismos de orientación y gestión se enmarcan en la “ruta difícil”, y, a diferencia de los de control, buscan fomentar lo que es deseable, mediante procesos de formación y de socialización, y tienen como uno de sus principales ejemplos los llamados códigos de conducta, que se tratan en otra ponencia de estas mismas Jornadas. Sólo diré en relación a los mismos, y para finalizar, que, como nos señalan los citados autores, aunque los códigos de conducta se presenten con una finalidad primordialmente de formación, para que sean efectivos han de ir asociados a un sistema de control y sanción que responda a un diseño realista y que se implemente de manera efectiva y adecuada, en una combinación de “ruta difícil” con “ruta fácil”. Es el caso de EBEP, en el que el régimen sancionador incluido en el autodenominado “código de conducta” da a los principios recogidos el carácter de verdaderos deberes jurídicos (SÁNCHEZ MORÓN).

Estas ideas parecen perfectamente trasladables al ámbito notarial. El recto ejercicio de la función exige la interiorización de unos valores y estándares asociados a la protección del interés general encomendado, y a ello debe contribuir tanto la ejemplaridad de cada uno de los integrantes del notariado como las adecuadas labores de formación y socialización, no sólo de los Notarios, sino también de sus empleados. Pero la interiorización resulta al mismo tiempo más sencilla si existen unos mecanismos eficaces de control y sanción de la conducta no ajustada a dichos estándares. La OCDE destaca en este sentido que la certeza del castigo es mucho más efectiva que su presunta severidad.

Para concluir con la exposición, creo que puede defenderse la necesidad de una reflexión acerca del estado actual de la relación jurídica Estado-Notario. El Estado debe valorar qué es lo que la sociedad pide al Notario, y si el estatuto jurídico del que se le dota garantiza adecuadamente la finalidad perseguida. Y el notariado debe, en cualquier caso, analizar el cumplimiento de sus deberes con unos criterios éticos que incluyan la ejemplaridad, formación, exigibilidad y exigencia efectiva, terrenos en los que queda sin duda mucho camino por delante, y quizá no tanto tiempo para recorrerlo”

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Consulta a la Dirección General sobre la solicitud masiva de copias por el OCP

Hace unas semanas nuestro coeditor Luis Bustillo trataba en este mismo blog, en el post que puede verse aquí, la cuestión de las solicitudes masivas de copias para la mejora de la Base de Datos de Titulares Reales (BDTR) que los notarios venimos recibiendo desde el pasado mes de febrero.
A lo largo del mes de febrero, diversos Decanos remitieron a sus colegiados escritos muy similares exponiéndonos cómo, para poder obtener de la manera más rápida posible el mejor contenido de la BDTR, el Consejo General del Notariado había aprobado en su sesión plenaria del día 24 de enero un sistema por el que se nos solicitaría por el Órgano

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El decálogo del macro

Joaquín Costa describía en 1893 las prácticas de los que denominaba “notarios alforjeros”, “ubiquistas” o “polimorfos” en los siguientes términos: “¿quién es tu enemigo? el de tu oficio, dice el refrán; pero el panadero, el albañil, el médico, no hacen a los de su oficio una guerra tan desleal, tan cruel y tan degradante como la que el notario hace al notario… se desacreditarán unos a otros los notarios; rondarán las casas de los moribundos, como los heredípetas de la antigua roma; pregonarán rebajas en las ferias para su mercancía como histriones; ofrecerán premios y participaciones; harán corro en los casinos; fingirán piedad en las sacristías; diputarán ganchos; relajarán

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