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ANCERT: o democracia o competencia

Me acuerdo que hace unos cuantos años tuve que preparar para las restringidas un tema de empresas municipales y que ya en aquella época me extrañaba y me parecía raro que los Ayuntamientos pudieran usar sociedades mercantiles para realizar actividades propias del Ayuntamiento. La cosa era que de esta manera las corporaciones públicas podían desembarazarse del molesto Derecho administrativo y acogerse al más flexible y dinámico Derecho Mercantil. Probablemente de aquellos polvos vienen parte de los lodos que tenemos ahora en el mundo inmobiliario y en la corrupción todavía rampante en el mundo urbanístico local.

Y me viene a la cabeza estas empresas cuando pienso en nuestra poderosa Agencia Notarial de Certificación, ANCERT, una sociedad mercantil, porque veo un interesante paralelismo con ellas y con ese retorcimiento de las normas aplicables a una determinada situación (salvando las distancias en cuanto a lo de la corrupción, claro).

Vaya por delante que no me meto con los profesionales que están al frente de ANCERT, ni con sus cargos directivos ni tampoco con el Consejo actual, por lo menos en este momento. Pero sí con una situación que me parece a mí que se ha salido de madre y que en mi opinión tiene que volver a sus justos cauces. Sin duda, en algún momento de nuestra reciente historia debió de parecer útil crear una sociedad mercantil con el objeto de afrontar el reto tecnológico que sin duda teníamos y que probablemente hemos resuelto bien. Pero a mí no se me quita de la cabeza que, en ese tira y afloja, me han hurtado la capacidad de decisión que como colegiado me correspondía.

En los tiempos en los que nuestro órgano rector era poco más que una reunión de decanos para coordinar los colegios (la “Junta de Decanos”) hasta el momento actual han pasado muchas cosas y, quizá, la principal es la tecnificación, informatización y conexión en red del notariado que, proporcionalmente, ha exigido una unificación de poder con el objeto de llevar a cabo una labor que, lógicamente, tendría que afectar a todos los colegios y colegiados por igual: un consejo fuerte que tomara las decisiones correspondientes a través de su brazo armado, inicialmente el Inti y luego Ancert.

Sin embargo, con el tiempo nos quedamos con la sensación de que hemos creado un monstruo con vida propia totalmente alejado de quienes la pagamos. En definitiva, nos encontramos ahora con una empresa mercantil que te comunica decisiones y cambios que afectan a tu vida diaria y a tu patrimonio sin que tú puedas decir absolutamente nada: ni  cambiar de proveedor, ni tampoco recurrir la decisión. Qué otra cosa es sino eso el índice único, los pagos de los servicios de Ancert, todo lo que hace SIGNO, la validación de los datos personales, etc, etc.

Sin lugar a dudas, todos estos avances tecnológicos son necesarios, y probablemente habrá que hacer más. Y seguramente para ello se necesita una mano firme y criterio claro. Y también es cierto que probablemente las actuaciones de Ancert estarán amparadas por acuerdos del Consejo, quizá de carácter muy general.

Pero lo cierto es que la sensación que uno tiene es la de que se nos hurta información y capacidad de decisión sobre algo que cada vez ocupa más tiempo en nuestra vida; que, aunque haya un respaldo en acuerdos políticos, se delega demasiado en el escalón técnico que, al final, acaba tomando decisiones que implican modificaciones políticas o, al menos, de trascendencia corporativa o profesional. Y, además, todo ello ocurre en el peor de los escenarios: no se nos aplica el Derecho público pero tampoco el privado.

Desde el punto de vista del Derecho público, la única posibilidad de expresión la tenemos en las juntas del colegio, que no es la que va a tomar las decisiones que nos interesan más que indirectamente a través de lo que vote nuestro decano en el Consejo. Además, ANCERT es una sociedad, por lo que tiene su consejo de Administración es el que adopta las decisiones y aunque el socio único es el consejo, nos encontramos con un intermediario más (es más, ha habido algún presidente para el que el competente para tomar decisiones de socio único de ANCERT no es el pleno sino sólo el presidente, lo sé de buena tinta). Y como encima las decisiones del Consejo pueden ser secretas (el alucinante art.341 del Reglamento Notarial: “las deliberaciones del Pleno serán secretas. Sus acuerdos sólo podrán hacerse públicos cuando esté legalmente previsto o lo decida el Pleno…..”) el oscurantismo y la falta de democracia son palmarias. Por otro lado, como apuntaba antes, da la sensación de que los acuerdos del Consejo relativos a este tema son meramente indicativas y que Ancert goza de una libertad considerable en la que la opinión notarial cuenta bastante poco.

Pero, desde el punto de vista del Derecho privado, si ANCERT es una empresa mercantil que me va a cobrar por los servicios que me prestan, entonces la normativa de la competencia exige que pueda elegir entre diversas ofertas para que pueda quedarme con la que más me convenga. Porque es que ANCERT , aunque la pagamos nosotros, nos cobra en función del uso que hagamos de ella, cosa que, por cierto, no acabo de comprender del todo si, una vez instalado el sistema, el único que trabaja soy yo al alimentar el monstruo con mis datos y los costes que tenga el sistema informático serán prácticamente nulos, como ocurre con las llamadas telefónicas.

Y con ello vuelvo a las sociedades municipales del principio. Si ANCERT es el Consejo General del Notariado, entonces es un órgano corporativo y yo quiero votar y, a ser posible, tomar parte en las decisiones que se adopten lo más directamente posible, principalmente con la elección directa del presidente y con transparencia total de todas las decisiones que y con la posibilidad de recurrir las decisiones que no me parezcan ajustadas a la ley; y si ANCERT es una sociedad en el mercado, quiero decidir entre varias ofertas, presionar, amenazar con que me voy, pedirle rebaja de precio y aumento de sus servicios.

En resumen, quiero algún derecho. Algo. Lo que no puede ser es que ANCERT (o el CGN) decida qué se hace, yo pague el desarrollo tecnológico, ANCERT me cobre por él, yo haga bases de datos. ANCERT las venda. Y yo no pueda ni decidir o recurrir qué se hace ni elegir otra compañía.

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About Ignacio Gomá Lanzón

Notario de Madrid

9 Responses to "ANCERT: o democracia o competencia"

  • Fernando
    7 noviembre, 2014 - 12:53 Reply

    Enhorabuena por el post. Ancert es una sociedad mercantil, una Sociedad Limitada, cuyos socios tenemos todas las obligaciones pero ningún derecho. Como notario, formo parte de ella, trabajo para ella y asumo sus gastos por obligación y de manera unilateral. En cambio no puedo votar en la Junta, adoptar acuerdos o ejercer los derechos básicos de cualquier socio y lo que es peor, en contra del art. 108 de la Ley de Sociedades de Capital no puedo transmitir mis participaciones y ni separarme de ella. Como notario un esclavo de Ancert. Efectivamente hay que cambiar el sistema de participativo en el funcionamiento de Ancert. Básicamente tener el derecho de cualquier socio de una sociedad mercantil como es Ancert.

  • Fernando Vicente - Arche
    7 noviembre, 2014 - 18:03 Reply

    Muy acertado el Post, estoy completamente de acuerdo con lo expuesto. Personalmente, creo que ANCERT ha dejado de ser un medio para convertirse en un fin.
    Lo que empezó siendo un mero instrumento para implementar las nuevas tecnologías en nuestra actividad, se ha convertido en un ente de importancia capital en la estrategia corporativa, utilizado por su administrador (que no es el CGN) para el desarrollo de su política.
    El problema es que quien controla ANCERT no es el CGN y sin embargo la actividad de ANCERT es decisiva para la estrategia política notarial, y de rebote, afecta directamente a todos los notarios, tanto en nuestra carga de trabajo, como en los costes que afrontamos.
    Y todo ello sin que nadie pueda rechistar

  • FEREN
    7 noviembre, 2014 - 21:07 Reply

    En las liquidaciones de índices que nos remiten los Colegios, aparece, en el apartado “Ancert” un extraño concepto que dice “ampliación de capital”
    ¿Qué significa esto? ¿Es que los fondos que constituyen el contravalor de los aumentos de capital que se acuerdan por el socio único son abonados por los notarios? En primer lugar, suena un poco feo, como a blanqueo y tal. Y en segundo lugar, plantea una reflexión. Si Ancert tiene que existir ¿por qué no pertenece su capital a todos los notarios, que al fin y al cabo son los que la han creado y, según parece, aportan el capital (aparte de ser su cliente número uno)? ¿No podría plantearse que la condición de notario lleve aparejada la suscripción de acciones y si se pierde esa condición tengan que venderse,, directa o indirectamente, a los nuevos que vayan entrando? Así, si hay beneficios, serán para todos. Y mientras tanto, vamos participando en la gestión, votamos en las Juntas, tenemos derecho de información etc. Vamos lo típico de ser socio de una sociedad. No creo yo que esto sea muy Podemos, que tanto miedo da. En el Banco Santander y demás lo hacen, y les va bien. Y la coleta no se estila por el IBEX 35.

    • Respuesta a FEREN
      7 noviembre, 2014 - 21:15 Reply

      Pues eso, tú mismo lo has dicho, tendríamos derecho de información y votaríamos en las juntas. Y si por lo visto hay algún Presidente que ni tan siquiera quiere que vote el Pleno del Consejo, ya me contarás.

  • Iuris
    7 noviembre, 2014 - 22:20 Reply

    “Ha habido algún presidente para el que el competente para tomar decisiones de socio único de ANCERT no es el pleno sino sólo el presidente”.
    Analicemos la cuestión desde un punto de vista estrictamente jurídico. Tenemos que:
    – ANCERT es una sociedad limitada unipersonal de la que el socio único es el Consejo General del Notariado.
    – Conforme al artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital “en la sociedad unipersonal el socio único ejercerá las competencias de la Junta General”.
    – Según el artículo 336 del Reglamento Notarial “el Consejo General del Notariado tiene la condición de Corporación de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad”; y “forman parte del Consejo General todos los Decanos de los Colegios Notariales de España”.
    – El artículo 337 del Reglamento dice que “el Consejo General funcionará en Pleno, en Comisión Permanente y por medio de la actuación de su Presidente, que ostenta la representación legal del mismo”.
    – De acuerdo al artículo 338 “el Pleno podrá delegar en la Comisión Permanente el ejercicio de aquellas competencias que entienda oportunas”, a lo que el artículo. 344 letra F añade que “el ejercicio de todas las funciones establecidas en los apartados anteriores corresponde al Pleno del Consejo General, si bien por acto expreso de delegación, general o específica, de aquél podrán ser ejercitadas por la Comisión Permanente. Igualmente, y mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros el Pleno podrá delegar la ejecución de alguna de sus competencias en uno o varios de sus integrantes”.
    – Y finalmente, que el artículo 345 fija las competencias del Presidente en los siguientes términos: “corresponde al Presidente del Consejo General ostentar la representación legal de ésta; convocar, preparar el orden del día y presidir las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente; ejecutar los acuerdos adoptados; llevar a cabo los actos de administración del patrimonio de la Junta, entre ellos los de abrir, seguir y extinguir cuentas bancarias, efectuar cobros y pagos y comprar y vender valores mobiliarios; comparecer en juicio por sí o por medio de Procuradores; resolver los asuntos de tramitación ordinaria y cuantas atribuciones le sean encomendadas por el Pleno o la Comisión Permanente”.
    Cabría pues un acto expreso de delegación por el Pleno en el Presidente para que pudiera él solo, prescindiendo del Pleno, tomar decisiones en ejercicio de las competencias de la Junta de ANCERT. Pero tal delegación, de momento, no parece que exista.
    Y en defecto de esa delegación, el único apoyo que podría encontrarse para que el Presidente se salte al Pleno del CGN, más allá de su condición de representante legal y mero ejecutor de los acuerdos de un órgano colegiado, sería la facultad que el Reglamento le reconoce de “llevar a cabo los actos de administración del patrimonio de la Junta (sic)”, entendiendo que tal “poder general para administrar” todo el patrimonio del Consejo comprendería el de asistir y votar en las juntas de sociedades.
    ¿Ha sido ese el argumento empleado por el Presidente de que se habla en el post? ¿Con ese criterio era el Presidente el que aprobaba las cuentas anuales, nombraba y cesaba cargos, etc.?
    En fin, que sería muy interesante saber en qué concretas circunstancias ese Presidente planteó el poder prescindir del Pleno, cómo lo argumentó jurídicamente, y que hicieron todos y cada uno de los demás Decanos.

  • bosley
    8 noviembre, 2014 - 12:53 Reply

    Se puede decir más alto pero no más claro !!

  • Carmen - Madrid
    17 noviembre, 2014 - 11:08 Reply

    Enhorabuena por el post y los comentarios.
    Los requisitos para cumplimentar el índice único son cada vez mas difíciles de aceptar y de cumplir .
    Nosotros , notarios sufridores de las decisiones unilaterales de Ancert , asistimos atónitos a las últimas “novedades” introducidas para poder completar , validar y enviar los índices.

    Ahora tenemos que validar uno a uno un sinfín de datos , de forma absurda y si base legal alguna que nos obligue. Por ejemplo para poder validar un poder a pleitos tuve que ir validando una a una las fechas de nacimiento y sexo de los otorgantes, además de los demás datos, ¿para qué ?.
    Todo esto supone aun aumento importante del trabajo en las notarías , es decir mayor coste , justo en plena crisis en la que son muchos los que lo pasan francamente mal .
    Todo este nuevo procedimiento es farragoso, generador de abundante carga de trabajo y, sobre todo, de utilidad más que dudosa, como no sea la de acabar creando por nuestra cuenta un archivo tipo “Big Brother”, tendente a un control de los ciudadanos absurdo y seguramente inconstitucional.
    Además todos estos nuevos procedimientos de validación de datos nos pueden impedir cumplir en tiempo y forma con obligaciones legales importantes para todos (presentación del índice único, de modelo 098,…) y de las que se pueden derivar responsabilidades para el notario “incumplidor”.

    ¿Quien ha tomado la decisión de introducir estos cambios? , según Ancert , tras una conversación que tuve con ellos ,”ha sido el consejo” , pero no aparece esta decisión en ninguna de las actas conocidas de los acuerdos del pleno , y miembros del mismo desconocían estas “novedades y el acuerdo que se supone las sustenta”. ¿Ha decidido el Consejo General de Notariado la introducción de estos cambios?.

    ¿Quien decide qué hace y qué no hace Ancert?.

    Todo el entramado de Ancert y sus parientes próximos , supone un coste elevadísimo para todo el notariado y lo soportamos estoicamente porque debería facilitar y aligerar la carga de nuestro trabajo . Las nuevas tecnologías deben estar al servicio de un trabajo mas eficaz y eficiente . ¿Satisface Ancert estos requisitos indispensables que justifiquen su existencia y su coste en la estructura actual del mismo?.
    ¿Está Ancert al servicio del Notariado o es al revés y el Notariado sirve a los intereses de Ancert? , y… ¿cuales son estos intereses?

  • María A. Fdz. Maldonado
    19 noviembre, 2014 - 20:38 Reply

    Los últimos post, el decálogo del buen Decano, la participación directa y Ancert me acaban llevando a la misma poco grata conclusión : yo no sé qué hacen mis representantes, yo no puedo participar en decisión alguna y yo sólo debo ser resignada, obedecer y callar. Suena clásicamente autoritaria la enumeración .
    Sin embargo, a pesar de que de poco sirva el recurso al Derecho positivo, salvo para amarrarse a los principios en los que creemos como notarios, el post bajo el nombre de Iuris me anima a poner de manifiesto cómo me siento respecto a Ancert, al menos en el aspecto jurídico.
    Seguro que estoy equivocada, pero expreso mis dudas: el CGN crea una sociedad mercantil cuyo objeto social desconozco porque debe haber cambiado muchas veces si tengo en cuenta lo que Ancert ha ido incidiendo en mi trabajo y en la economía de mi despacho en estos años, de tal manera que he acabado realizando para esa sociedad de capital, una enorme cantidad de prestaciones accesorias y además de hacerlas de forma onerosa, con mi esfuerzo personal, intelectual y de desgaste de personal del despacho, además, extrañamente, pago por el uso de la información que mis compañeros y yo generamos.
    Dice el artículo 89 de la LSC que la creación o modificación de esas prestaciones requiere consentimiento individualizado de los socios. Claro que yo no soy socia, pero ¿ni siquiera soy titular real? ¿Qué soy, por qué me obligan, dónde está la norma que me impone todo lo que condiciona en tal grado el ejercicio de mi función que siento que se desnaturaliza cada día un poco más? ¿qué significa que esa sociedad mercantil tenga beneficios que permiten darnos la “limosna” de la rebaja anunciada, humillante comparada con el coste real que nos lleva suponiendo, coste no repercutible, por cierto? ¿ dónde irán esos beneficios? ¿Será un patrimonio flotante sin destino como el de la Mutualidad? ( sin ser sangrante, desde luego, porque no se jugará como en ese caso con vidas de compañeros y sus familias a las que se niega también lo que en derecho es suyo) ¿ pertenecerá a su único socio, el CGN, para hacer qué?
    ¿No es posible replantear todas estas cuestiones sujetándolas a acuerdos mayoritarios del cuerpo notarial obtenidos en forma participativa, con información veraz y exhaustiva?
    ¿Por qué el miedo a la opinión? ¿ Es que como responsables de la defensa de la función, de su mejor encauzamiento, los sufridos representantes no encontrarían alivio en la consulta de decisiones trascendentes, cuando en estos tiempos es tan fácil articularlo por los “galácticos” medios que Ancert nos ha proporcionado con el impagable ( y nunca mejor dicho) apoyo de casi 3000 “voluntarios”?
    ¿O es que no quieren responder?

  • Dolores
    1 diciembre, 2014 - 17:47 Reply

    Lo que nunca he entendido es que el Consejo ( carente en teoría de ánimo de lucro) constituya una sociedad con ánimo de lucro. ¿ no sería más lógico una cooperativa, una AIE…hay otras formas que nos integren a todos los notarios, cuyas decisiones las tomaramos todos, y no solamente que paguemos todos.
    El colmo viene cuando pretenden que celebremos los beneficios ( económicos) que supuestamente tiene ANCERT!!!!! La cara de idiota que se me queda no pasa desapercibida. Que me digan cuanto beneficio quieren, con dividirlo entre todos ya lo tienen!!! Con Ancert o pagas o pagas. De esos beneficios se alegrará la AEAT, lo que somos el resto, al menos yo, de poco sirven, lo he pagado previamente

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