Go to Top

¿Democracia en el Notariado?

Hace unas semanas tuve la oportunidad de reunirme, junto con otros compañeros miembros del Comité Organizador de las Jornadas de Málaga, con el Pleno del Consejo General del Notariado, reunión de la que se ha dado cumplida cuenta en la página web de las jornadas www.manifiestoporlaunidad.com y en este mismo blog. En esa reunión, la Decana de Castilla la Mancha y miembro de la Comisión Permanente, Palmira Delgado, dijo, con el asentimiento gestual de los miembros que desde mi posición en la mesa alcanzaba a ver, algo como lo que sigue (no es textual): guste o no, estamos aquí democráticamente elegidos, y el que quiera cambiar el sistema lo que tiene que hacer es presentarse a las elecciones y promover los cambios que sean menester (Palmira, corrígeme si me equivoco, por favor).

Parece una afirmación incontestable. O no.

La cuestión es si el hecho de que los Decanos sean democráticamente elegidos, en el marco de unas elecciones a las que cualquiera puede concurrir activa o pasivamente permite afirmar que el sistema es democrático, por lo menos conforme al estándar normal de la democracia representativa. ¿Qué elementos estructurales deben concurrir en el sistema para que éste pueda ser considerado democrático?

En primer lugar, los gobernados han de poder participar en la elección de los gobernantes en condiciones de absoluta igualdad. Esto parece que se da en nuestro caso, pues periódicamente se celebran elecciones para la elección de representantes. Es a los Decanos a los que puede en rigor denominárseles representantes, en la medida en que  solo ellos están legitimados directamente por la elección del colectivo (véase, en cuanto al concepto de representación política, la STC 10/83, f.j. 2º).

Esos Decanos, reunidos en Consejo, eligen a su vez al Presidente, al Vicepresidente y a los demás miembros de la Comisión Permanente, en la que son susceptibles de delegación cuantas facultades y competencias corresponden al Consejo, a excepción del dictado de circulares de orden interno. Es decir, la Comisión Permanente, un órgano no representativo, en tanto que su legitimación no resulta directamente de la elección por los notarios, puede asumir la totalidad de las competencias que los notarios atribuyeron a sus representantes. Con lo que es por lo menos posible que la elección de los notarios se vacíe de contenido en la medida en que por vía indirecta, un grupo de nueve miembros orille a los otros ocho. Es decir, los colegiados que votaron a los postergados ven frustradas sus expectativas y quedan privados de toda participación efectiva, si quiera sea indirecta, en el gobierno de la corporación. Esto es especialmente grave si se toman en consideración los datos de participación y los resultados de las últimas elecciones: a la vista de la composición del Consejo salido de las mismas es posible, optimizando las alianzas, conformar una mayoría en el Pleno con el voto de decanos que han obtenido 318 votos, es decir, el 10,95% del total de los notarios. Mientras la alianza se mantenga, los demás decanos serán unos meros convidados de piedra en el Consejo.

Pero tan importante como lo anterior es la posibilidad de los representados de controlar a sus representantes. Y aquí el sistema vuelve a quebrar en términos de contenido democrático. La fiscalización directa puede ser imposible, a la vista del Reglamento Notarial, en la medida en que el Pleno puede mantener en secreto no sólo sus deliberaciones, sino también sus acuerdos (artículo 341). Mal podrá fiscalizar una actividad quien no la conoce.

Resulta por otra parte sorprendente la existencia de una norma como esta (introducida en el Reglamento por la reforma del año 2007) que supone la consagración legal de la opacidad, que es lo opuesto a la transparencia. El conocido como Informe Nolan, en el que se realizan una serie de recomendaciones sobre las normas de conducta en la vida pública, resalta la importancia del principio de transparencia: “el personal de la Administración Pública deberá ser tan transparente como sea posible respecto a las decisiones y actos que adopte. Deberá motivar sus actos y sólo restringirá la información cuando claramente lo exija el interés público. Pues bien, hemos de coincidir en que Martínez Campos no es precisamente la Moncloa (aunque quizá haya que empezar a hablar entre nosotros de un síndrome de Martínez Campos que parece aquejar a cuantos pasan a integrar la Comisión Permanente); y en que los convenios de colaboración del Consejo con distintos organismos, o la organización de jornadas iberoamericanas o cursos de verano no parecen cuestiones que vayan a hacer temblar los cimientos del Estado. En cuanto a otro tipo de acuerdos del Consejo, como los relativos a compensaciones institucionales, contratación de asesores externos o comercialización de nuestras bases de datos, la opacidad es más explicable, pero no precisamente en beneficio del interés común. Y las promesas de transparencia que, por todo ello, no puede dejar de hacer cada nuevo presidente del Consejo cuando accede al cargo, al final se quedan en cosas como los resúmenes de dos líneas de los acuerdos del Pleno que aparecen en nuestra intranet, o los boletines de la Comisión Permanente.

Y en cuanto a la posibilidad de una fiscalización indirecta, esto es, la que, a falta de la anterior, puedan ejercer los representantes directamente elegidos por los notarios respecto de los órganos delegados, el mismo juego de alianzas y mayorías puede hacerla igualmente inviable, por lo dicho anteriormente.

En el notariado existe además un factor específico que rebaja el nivel democrático de la organización corporativa. Se llama Agencia Notarial de Certificación, Sociedad Limitada unipersonal. Es en la práctica un agente de la intervención del notariado en la sociedad y de su relación con los poderes públicos, condiciona el ejercicio ordinario de la función y su financiación supone un importante gasto para el colectivo. Sin embargo, esta Agencia que tan importantes funciones desempeña no está siquiera integrada en la estructura institucional ni sometida al escrutinio de los notarios, y aún con dificultad al de sus representantes. Y si a ello sumamos su fortísima dotación económica, no es de extrañar que se haya convertido en un organismo con su propia deriva y sus propios intereses.

Por otra parte, un sistema que se diga democrático debe favorecer la participación de los representados en la cosa común, aún cuando no ocupen cargo orgánico o representativo alguno, más allá de su intervención cada cuatro años en unas elecciones (que además en la mayoría de los casos son de candidatura única). La democracia “sube de nivel” cuanto mayor es la participación. El Reglamento establece cauces reducidos y excepcionales, pero es labor de nuestros representantes propiciar esa participación, articulando las vías adecuadas. En estos días, muchos solicitamos la celebración de un congreso que implique la apertura de un proceso de diálogo y deliberación entre todos los notarios sobre el presente y el futuro de la profesión. Cerrar la puerta y negarlo, sólo por el prurito de defender la autonomía e independencia del órgano (¿independencia respecto de quién? ¿de los notarios a quienes está llamado a servir?) es estrechar un poco más los márgenes de la democracia en la corporación.

Volviendo al principio. No cabe duda de que los decanos actuales han sido democráticamente elegidos y legítimamente desempeñan sus respectivas funciones. Pero han de estar de acuerdo en que el sistema es poco democrático, y que no deberían conformarse y decir que “el que quiera que lo cambie”. La democratización, es decir, la apertura, la transparencia, la participación, el control, mejoran enormemente la calidad y la eficiencia de una institución. Es de suponer que los decanos quieren, como todos, lo mejor para el notariado. Deben ser conscientes de su responsabilidad y empezar, desde ya, esa labor, que es urgente y necesaria.

Compartir:
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

5 Responses to "¿Democracia en el Notariado?"

  • Emilia Cuenca
    2 julio, 2014 - 10:39 Reply

    Estoy de acuerdo con casi todo. Supongo que el último párrafo tiene carácter conciliador y lo respeto. Al fin y al cabo, es preferible un Congreso convocado desde el Consejo, que al margen de él. Sin embargo, me gustaría apostillar lo siguiente: los decanos quieren lo mejor para el notariado, pero siempre y cuando no choque con sus propios intereses. Por desgracia, hay demasiada arbitrariedad y mal uso del poder. Llámese Ancert, compensaciones institucionales, demarcación, entrada de nuevos notarios, compras o mantenimientos de nuevas sedes de colegios en época de crisis, rendición de cuentas, transparencia en la toma de decisiones…
    Entiendo que no sea de muy buen gusto y que sea bastante complicado estar donde están en los tiempos que corren, con un gobierno que ha dado la espalda a la institución. Pero para mi, eso no justifica su forma de actuar y el ser tan reacios a introducir nuevas ideas. La unidad es lo que se pretendió con aquel primer manifiesto y también con las Jornadas de Málaga. Y para los decanos no venimos para sumar, sino que somos un nuevo problema. Por eso, mal me pese, no creo que se vaya a convocar ninguna jornada.
    Por último, aunque nada tenga que ver, mi apoyo a los compañeros de nuevo ingreso.

  • Francisco Aranguren
    2 julio, 2014 - 11:13 Reply

    El Notariado no es ajeno al sentir social que reclama una mayor participación y un mayor control de nuestros representantes políticos. Las Jornadas de Málaga, autoconvocadas y con una participación relevante, se han constituido -y el ejemplo es esta página- en un movimiento dentro del Notariado. A diferencia de movimientos radicales, JM pide someter la reforma de las estructurasa a un Congreso abierto, proponiendo su convocatoria al Consejo. Si no se hace, no veo otra explicación que el temor de la cúpula a no controlar ese Congreso, como sucedió con los Registradores en Zaragoza. Pero ahí, si estoy en desacuerdo: esos Congresos previamente cocinados no aportan nada. Congresos a mayor gloria de los órganos rectores convocantes son totalmente prescindibles. No es este caso.
    Creo que se equivoca el CGN al negarse a hacer este ejercicio democrático, que sería saludable para el conjunto del Notariado.

  • Ignacio Gomá Lanzón
    2 julio, 2014 - 11:39 Reply

    Francisco, creo que has dado en la diana. No se trata de romperlo todo, sino en hablar entre todos de qué es lo mejor para todos en estos tiempos de tribulación, ya sea la cuestión corporativa interna (forma de ejercer el poder), como externa (actitud ante los peligros). Y si lo organiza el Consejo, mejor, siempre que sea leal y no trate de desactivarlo. Es evidente que no podemos seguir así y no porque mande uno u otro, sino porque las energías que gastamos en esto se van de lo que verdaderamente importa. No se trata de romper la Constitución, sino de hacer que se cumplan los principios democráticos, tu sabes por qué lo digo….

  • Mª Adoración Fdz. Maldonado
    2 julio, 2014 - 14:52 Reply

    Además de compartir muchas de vuestras afirmaciones, añado la constatación de actos que, al margen de las palabras, muestran el concepto de democracia de algún miembro del Consejo, en mi caso la Decana de CLM, por ser mi colegio.
    Si quienes están en el CGN por ser Decanos en sus respectivos colegios no creen en absoluto en la participación ni en la transparencia en ese más reducido ámbito colegial, que parecen considerar una mera butaca de apoyo ( o dos butacas en nuestro caso) que permite sentarse en el CGN, donde sufren mucho como ella nos dice que sufre; si no prefieren renunciar a una forma de ejercer sus cargos que como dicen es terrible, agotadora; si cuentan que se incumplen las normas ante su impotencia y desesperación, pero…. repiten corregidas y aumentadas esas conductas en su ámbito colegial… entonces todo esto suena a verborrea vana, a actuación política en el mal sentido que la palabra tiene últimamente, y en último término, a vocación de “ser” cargo, no de ejercer un cargo con responsabilidad, responsabilidad real, y no genérica. Pero frente a todo eso, ¿dónde están las normas por las que podamos exigir y exigirnos la responsabilidad? Si no están o no son adecuadas, ¿por qué la negativa al debate para mejorar organización del cuerpo, del ejercicio, por qué no salir más vivos que nunca de un intercambio de ideas cuanto más público y participado mejor, como podría ser un Congreso?
    Porque la deontología y sus códigos se fundan en las ideas de honradez, de honor, que en estos tiempos son más subjetivas que nunca, por lo que desgraciadamente no creo que sirvan para la ordenación de los actos: no sé vosotros, pero yo misma no sé ya bien cómo debería actuar para que mis actos pudieran ser considerados normas de conducta universal. Quizás eso le pasa a la mayoría y eso explica que sea silente.
    En fin, mis reflexiones son producto de lo que vivo en mi colegio con sus conocidas “pantomimas”, donde se dimite y se nos convoca a votar, pero antes se revoca la dimisión, o alguna convocatoria de hace un par de días, notablemente entretenida en su análisis o casi “psicoanálisis”, donde no sabemos ni qué votamos porque al parecer los colegiados no entendemos el orden del día cuando lo leemos,….

  • Pedro Antonio Vidal Pérez
    10 julio, 2014 - 10:00 Reply

    De la democracia solo esta claro su etimología y su origen histórico. En su inicio si estaba claramente identificada con la participación. Hoy avanza mas hacia la representación, y claro, cuando esta se resiente, y faltan los controles, vienen los radicalismos y sus peligros: la tentación de hacer mas o mejor democracia con medios poco o nada democráticos.
    La ley debe ser la garantía de su buen funcionamiento y por tanto yo prefiero esa perspectiva.
    Leyendo el Reglamento Notarial –nuestro corpus iuris con el que llevamos décadas- se ve que tenemos un Consejo hipertrofiado (artículo 344) frente a una Presidencia atrofiada (artículo 345). No parece el signo de las democracias modernas en que se potencian las figuras ejecutivas, y en las que el presidente designa sus ministros y ejecuta las políticas adecuadas porque para eso ha recibido un mandato mayoritario. Podríamos entrar en más tecnicismos con interpretaciones literales de lege data, y no digamos de ferenda.
    La figura del presidente no debería nombrarse por mayoría, en un Consejo validamente convocado y constituido con la absoluta. Es necesario que ambas, pero sobre todo aquella, sea más reforzada. Y lo mismo para las mociones de censura. Y usar los plazos, mas largos o mas breves según los casos, desde la convocatoria a la reunión.
    No encuentro otra explicación a la aparente conducta de los miembros del Consejo comos Presidentes in pectore.

    PD. Otra cosa es la elección directa, por todo el Notariado, de la comisión permanente, Junta Directiva, o equipo de Presidencia o lo que sea. Por lo dicho al principio, y por más cosas, no la veo adecuada. Lo mismo para la limitar los derechos de voto de los Decanos en el seno del Consejo. Pero como no se trata como entrada, tampoco como comentario.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *