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Haciendo caja a costa del secreto de protocolo

A todos los Notarios que leyeran con atención el Reglamento de la Ley de Blanqueo de Capitales (LPBC) publicado en el BOE del pasado 6 de mayo les extrañaría, igual que me pasó a mí, el texto de su Art. 9.6. que dispone que, “Para el cumplimiento de la obligación de identificación y comprobación de la identidad del titular real establecida en este artículo, los sujetos obligados podrán acceder a la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado previa celebración del correspondiente acuerdo de formalización, en los términos previstos en el artículo 8 de la Ley 10/2010, de 28 de abril”. 

Me imagino que igual que yo, la mayoría de los Notarios, ignoraban que existiese una Base de Titulares Reales (BDTR) del CGN, y pensarían que más adelante se crearía. Pero resulta que solo cuatro días después, el 10 de junio, en la reseña publicada en el SIC de los acuerdos del pleno del Consejo del 31 de mayo, encontramos este increíble acuerdo: “ Iniciar la comercialización de las bases de datos de titularidad real y personas con responsabilidades públicas y autorizar al Director de ANCERT para establecer a tal efecto contacto con las entidades financieras, en coordinación con los Directores de la asesoría jurídica del Consejo y del OCP, y con el encargo de presentar al Pleno un plan de explotación.

Reconozco que tuve que leerlo un par de veces para asegurarme de que lo que veían mis ojos era cierto, o sea que, no solo existía ya la BDTR, formada con los datos que los Notarios enviamos a través del Índice Único, sino que además, el CGN tenía previsto iniciar su comercialización ¿Es que el Notariado ha decidido empezar a traficar con la información que obra en los protocolos notariales? Todos somos conscientes de que los Notarios estamos siendo muy duramente afectados por la enorme crisis económica que vivimos en España, pero ¿tanto como para dedicarnos a mercadear con el secreto de protocolo?

Analizando un poco la cuestión resulta:

1º.- Que en la sesión plenaria del CGN de  24 de marzo de 2012, “el pleno aprobó por mayoría el texto definitivo para la Agencia de Protección de Datos de la base de datos de titular real, a fin de dejar perfectamente cubierto este flanco legal” Llama la atención que el acuerdo no se adoptase por unanimidad. Y por la referencia al “flanco legal”, da la impresión de que los decanos, ya entonces, eran conscientes de que la BDTR podría tener problemas en relación con la legislación en materia de protección de datos.

2º.- Que, según la web de la Agencia Española de Protección de Datos la OCP, tiene inscritos a su nombre dos ficheros, uno de ellos el de la Base de Titulares Reales, cuya finalidad es “el cumplimiento por el Notariado y por OCP de sus deberes de diligencia debida, examen especial e información a las autoridades competentes previstos en la ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales” 

3º.- Que en el BOE del 28 de abril de 2012, el CGN publica un anuncio sobre la creación de la BDTR en el que, al enumerar las cesiones previstas, se habla de la posibilidad de ceder datos del fichero a “otros sujetos obligados previstos en la Ley, de 28 de abril,  de prevención de blanqueo de capitales, en los términos recogidos en ésta”

 Por lo tanto, el tema viene de lejos, al menos desde marzo de 2012 el CGN es consciente de que los datos que los Notarios introducimos en el Índice Único, relativos a titulares reales, pueden terminar siendo objeto de cesión a entidades privadas como Bancos, Despachos de Abogados, Gestorías, Inmobiliarias, … etc, en definitiva a cualquier obligado a identificar al titular real en los términos previstos en la LPBC, quienes, una vez que tengan acceso a dicha información, la utilizarán para el cumplimento de sus obligaciones en materia de blanqueo de capitales o para los fines comerciales que les interesen. Además, es evidente que le hemos vendido a la Administración lo maravillosa que va a ser la BDTR y de ahí la mención a la misma en el Reglamento de la LPBC.

Mientras tanto, los Notarios ajenos a estos tejemanejes de ANCERT, en las escrituras que autorizamos nos limitamos a decir a nuestros clientes que sus datos de carácter personal, quedan incorporados a los ficheros informáticos de la notaría, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. Pero no creo que ningún Notario, salvo los decanos que han cocinado este tema, haya cumplido con la obligación que impone la LPD de pedir autorización a sus clientes para ceder sus datos a terceros. Ya que, no son lo mismo las comunicaciones para dar cumplimiento a las obligaciones de información a las Administraciones Púbicas, que es lo que prevé el Art. 17 de la Ley del Notariado, que la cesión a terceros a cambio de un precio, de los datos relativos a los propietarios finales de sociedades. Esto, sin duda alguna, no está previsto en la Ley del Notariado, y choca frontalmente con el secreto del protocolo.

Además, todos sabemos cómo se introducen los índices en las notarías, los sufridos oficiales encargados de su confección (únicas personas en nuestros despachos a las que, a pesar de la crisis, no les ha bajado el trabajo por culpa del continuo aumento de los requerimientos del índice único) se las ven y se las desean para conseguir que el infumable programa que tenemos se ponga en “verde” y les permita grabar la escritura. Encima la mayoría de las titularidades reales que figuran en la BDTR son manifestadas y no acreditadas, con lo que la fiabilidad de la misma es más que discutible, como estamos comprobando los Notarios que somos los que de momento la utilizamos.

¿Qué sucederá cuando un cliente de la BDTR tenga un problema frente a la Administración por haber confiado en un dato de la base que sea erróneo? ¿Quién va a responder de la reclamación económica o de otra índole a que esta situación pudiera dar lugar ? Esperemos que no pretendan exigírsela al Notario que es quien está costeando la elaboración de la BDTR con el sueldo que paga a sus oficiales que la nutren de datos, para que luego el CGN pueda ganar dinero con su comercialización, Notario a quien, encima, ANCERT le cobra 0,21€ por cada consulta obligatoria que hace de la dichosa base de datos financiada por él, incluso cuando, de la consulta, resulta que la información obtenida no sirve para nada.

Siendo grave la casi clandestina creación de la BDTR lo que convierte esta cuestión en un puro desideratum es que el CGN quiera comercializar la BDTR, es decir ganar dinero con los datos confidenciales que nos han proporcionado nuestros clientes al amparo del secreto profesional, en la confianza de que solo serían comunicados para cumplir con las obligaciones de información a las Administraciones Públicas, ¿es que nos hemos vuelto locos?, ¿en manos de quién estamos?. Sería bueno conocer qué decanos votaron a favor y qué decanos votaron en contra de la creación de la BDTR en el pleno del 24 de marzo de 2012, para así ir identificando a los responsables de este tema.

No es infrecuente la situación, sobre todo con clientes extranjeros, en la que, al solicitar que se identifique al titular real, el cliente es renuente a identificarlo, con el legítimo argumento de que su representado es un inversor extranjero de relevancia púbica y no quiere correr el riesgo de que se sepa que está detrás de una determinada inversión, ya que podría dificultar o encarecer la misma. Y en numerosas ocasiones el cliente acaba proporcionando al Notario la información del titular real porque le garantizas que esos datos son secretos, se conservarán en la notaria bajo el secreto de protocolo y solo se comunicarán, en su caso, a la Administración Pública.

Y resulta que, mientras le decías esto a tu cliente, algún listillo del CGN o más bien de ANCERT, había decidido ya que íbamos a hacer caja con los secretos de nuestros clientes, con los incontestables argumentos, expuestos hace unos días por un decano en una junta informativa de que: “Es legítimo que el Notariado explote nuevas vías de negocio. Los registradores venden sus datos sin complejos y nosotros nos estamos chupando el dedo”.

Sin duda éste es un tema de la máxima gravedad, que afecta a la esencia de nuestra función, como todo lo relacionado con el secreto del protocolo y, en definitiva, con nuestro secreto profesional, y a la protección de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución.

 Además, el CGN decide que esta cuestión sea negociada por el Director de ANCERT en coordinación con los Directores de la asesoría jurídica del Consejo y del OCP, es decir, dejamos el tema en manos de personas extrañas al cuerpo y, por lo tanto, carentes de la sensibilidad notarial necesaria para llevar una cuestión tan delicada, algo que muchos Notarios tenemos la sensación que se está haciendo con demasiada frecuencia, lo que está dando lugar a la desnaturalización de las esencias de nuestra profesión que venimos sufriendo en los últimos años, con un excesivo escoramiento hacía la faceta funcionarial de la misma, en la creencia de que, su salvación está en convertimos en eficaces y baratos colaboradores/delatores de la Administración Tributaria, olvidando que lo que ha hecho pervivir al Notariado durante muchos siglos es el ser una institución útil, no solo para la administración, sino especialmente para los ciudadanos y que, cuando éstos dejen de percibirnos como profesionales independientes en los que se puede confiar, empezarán a darnos de lado y poco futuro tendremos.

No cuestiono el hecho de que por ANCERT se confeccione una BDTR para facilitar nuestro trabajo, el de la OCP o el de los organismos encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales, pero que el contenido de dicha base de datos se venda a terceros, me parece del todo inaceptable y es una muestra más del grave riesgo que, para la esencia de nuestra función representa la forma  en que viene siendo gestionada desde  el CGN y desde Ancert, lo que podríamos denominar nuestra ”política informática” que parece tener como único objetivo ser útil a la administración, olvidando que su primera finalidad debería ser servir a los Notarios que, con un enorme esfuerzo económico la venimos financiando y sufriendo, siendo difícil encontrar alguna aplicación o programa desarrollado por Ancert que haya servido para hacernos más fácil nuestro trabajo diario o un servicio telefónico de atención al cliente en el que te sientas peor tratado que en el de Ancert.

Desde la Asesoría Jurídica del CGN me han indicado que existe un informe de la Agencia de Protección de Datos, que avala la posibilidad de ceder a terceros la información de la BDTR, sin necesidad del consentimiento previo de nuestros clientes. Pero, lo cierto es que, siguiendo con el tradicional oscurantismo y falta de trasparencia que caracteriza al CGN, no me han permitido verlo a pesar de solicitarlo en dos ocasiones. Extrañamente, dicho informe no se encuentra publicado en la web de la Agencia, como lo están el resto de los informes oficiales de ésta. Quizás no sea un informe oficial.

No puedo entender por qué un Notario no tiene derecho a ver un informe que avala la cesión de los datos de sus clientes sin necesidad del consentimiento de éstos. Si es cierto que lo avala, ¿que problema hay para que lo podamos ver?, ¿qué misteriosos secretos contiene el informe que no puedan revelarse a los Notarios?. En cualquier caso, diga lo que diga el informe fantasma de la Agencia de Protección de Datos, lo cierto es que:

1º.- El Art. 11 de la Ley de Protección de Datos exige el consentimiento para ceder datos a terceros, salvo que una Ley imponga la obligación de cederlos o exima de él.

2º.- El Art. 32 de la LPBC, tras someter lo regulado por ella a la LPD, solo exime de la aplicación de la LPD a determinadas cesiones reguladas en el capitulo III de la Ley, no estando entre ellas las de la BDTR, que se regulan en el artículo 9.6 del Reglamento de la LPBC.

3º.- El Art 9.6 no impone una obligación, sino que simplemente permite a los obligados a identificar a titulares reales acudir a la BDTR para obtener los datos de aquellos. En definitiva lo que hace es otorgales una facilidad.

Es decir, no existe obligación solo facilidades, ni existe ley solo reglamento. Por lo tanto, no cabe otra  conclusión que la de que, mientras nuestros clientes no presten expresamente su consentimiento a la cesión de sus datos incorporados a la BDTR,  éstos no pueden ser cedidos a terceros.

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29 Responses to "Haciendo caja a costa del secreto de protocolo"

  • Data protector
    21 julio, 2014 - 08:56 Reply

    Buenísimo el post. Mi enhorabuena.

  • VICENTA RAMÓN ROYO
    21 julio, 2014 - 09:44 Reply

    Ponte matrícula Carlos en esta denuncia de hechos. A lo de la sesión informativa añade que, en la tónica de tratarnos por tontos nuestros representantes, al principio no se sabía nada de la “venta de base de datos” y luego “recordando” se hablo de vender datos sobre las ventas de viviendas a fines estadísticos. Y claro nada de malo en ello. Pero es que mira por donde, como se deducia de los hechos y de la línea de actuación de Ancert, no estamos halando de venta de datos a fines estadísticos. Como siempre, yo creo que merecemos información seria y responsable, y desde luego, lo que no merecemos es que encima nos traten de tontos. Habría que ver que piensa de esto foro notarial, y si Bolas y Honorio piensan lo mismo, que lo dudo, y si siguen creyendo ambos que el congreso nacional y la información por el Consejo se puede demorar más. Y también me gustaría saber tu opinión Pilar. BD a todos. Vicenta Ramón Royo, Notario de Utiel.

  • Luis Bustillo
    21 julio, 2014 - 09:54 Reply

    Magnífico, Carlos. En una cuestión de tanta gravedad, que afecta nada menos que a derechos fundamentales, no deberíamos asumir sin más los postulados de la Administración. El coste reputacional de una actuación no respaldada debidamente puede ser inmenso (y también el económico, por supuesto).
    Y lo que tratas tiene también, a mi juicio, una lectura mas profunda, pues pone de manifiesto la necesidad de replantearse la posición relativa que el Notario, y el Notariado como institución, ha de ocupar entre esos dos polos en torno a los que gravita, Estado y sociedad.

  • Francisco Rosales
    21 julio, 2014 - 18:12 Reply

    Ni más alto ni más claro.

    Lo más lamentable de este artículo es que haya tenido que ser el Colegio Nacional de Registradores el que haya impugnado el citado artículo 9 ante la jurisdicción ordinaria (si encuentro el enlace os lo paso).

    • Carlos de Prada Guaita
      21 julio, 2014 - 18:35 Reply

      Cierto Francisco, comprendo que a los registradores les encantará el contenido de mi post, ya que refuerza los argumentos del recurso contra la BDTR, pero que le vamos a hacer si tienen razón. Lo triste es que el recurso lo hayan puesto ellos, en vez de un grupo de notarios.

  • Antonio Ripoll Soler
    21 julio, 2014 - 18:14 Reply

    Buen post!

    Al hilo de lo anterior ¿Habéis padecido ya el cambio en la política de validación del índice? ¿Hasta que punto se nos puede exigir colaborar hasta ese extremo? Lo peor es que las exigencias vienen desde nuestra propia casa!!
    Está bien esto de trabajar gratis, cada vez más obligaciones y no siempre vienen respaldadas por los mismos poderes.
    Saludos

    • Francisco Rosales
      21 julio, 2014 - 20:17 Reply

      El problema es que los unos y los otros, por puro corporativismo dejan al margen al ciudadano que es nuestra única razón de ser.

      Mi problema es que cada vez que hago un acta de identificación de titular real explico a los ciudadanos que sólo la policía tiene acceso a ella ¿con qué cara me quedo yo ahora?.

      Me plantearé muy seriamente hacerlo en documento privado y consignarlo en mi libro indicador con firma legitimada ¿Cómo lo ves?

  • Juvenal Jr.
    21 julio, 2014 - 21:39 Reply

    Muy interesante, don Carlos, pero a mi me gustaría saber de parte de quién está nuestro Consejo y particularmente los escuderos que por allí moran. Porque algunos parecen sarracenos dentro de las filas cristianas. Vamos, sólo nos falta ya hacer las declaraciones de la renta de los blanqueadores, inspeccionarles, ponerles la sanción correspondiente y luego ejecutarla. Oh, qué idea, podríamos proponerlo para así reforzar todavía más nuestra relación con la Administración. Pero claro, es que ya no se puede reforzar más salvo que nos pongan detrás de una ventanilla o nos entreguen una porra para reducir a los malvados contribuyentes.
    Y no me meto aquí con el legislador, que para eso es legislador y hace lo que le da la gana, sino con los decanos que no se enteran de nada y dejan que abogados del Estado les digan lo que hay que hacer. Y claro, los Abogados del Estado tiran para el Estado, y los decanos no se sabe para donde tiran. Por eso hay que enterarse.
    Como decía mi antepasado:
    “Difficile est satiram non scribere”

    • Paris, el bailarin del emperador
      22 julio, 2014 - 12:04 Reply

      Pensábamoslo desterrado, como su pariente próximo y su lejano ancestro, gracioso dicho sátiro. Pero no, aquí tenemos una juvenil versión de Juvenal, dispuesto a atacar con sus venablos y a urdir sus maquinaciones, cual viento de la veleta de los transparentes, que bien diríanse inconscientes. Por lo menos ya sabemos quién habla tras las máscaras de este cibernético teatro.
      ¿No saben acaso que todo depende de la voluntad del Emperador? ¿No será mejor estar a bien con los gobernantes y asumir cual es nuestro nuevo papel en el Estado?¿Por qué esa atávica añoranza de pasados gloriosos, como quienes en tiempos romanos añoraban la República a pesar de las munificentes glorias del Imperio? En el servicio al Estado encontraremos nuestra salvación, dejemos a los preclaros y a los conscientes que dirijan nuestros destinos, pues ellos conocen y tratan con los que tienen la manija, y saben de la ciencia y el arte del dar para , algún día, certus an et incertus quando, recibir la justa compensación por los desvelos.
      No conviene hablar en el foro de estas cosas, tan delicadas, que no están al alcance de todos los individuos que forman el notariado, y dejemos a aquellos en quienes reside la soberanía, la potestas y el imperium, velar por nuestros destinos, como siempre lo han hecho. No sea que acabemos por transparentes y osados, diciendo aquello de “Afrodita, Afrodita, ¿por qué no me quedé como estaba?

  • Emilia Cuenca
    22 julio, 2014 - 00:28 Reply

    Lo de las validaciones da muchísimo trabajo, incluso tienes que escanear documentos como DNI, NIE o pasaportes, cuando no les coinciden. Y, visto lo de hoy, a saber para qué lo hacemos. Quizá dentro de un año, unos meses o unos días descubramos que estamos haciendo una base de datos para hacienda, para estadística, los bancos, compañías telefónicas, juzgados o, simplemente, por el placer de unos pocos de controlar a unos muchos…

  • Carlos de Prada Guaita
    22 julio, 2014 - 09:15 Reply

    Emilia, Un Notario, efectivamente el envío de los DNIs y los pasaportes está relacionado con el “negocio” de la comercialización de la BDTR. Resulta que el Art 13.b del Reglamento de la LPBC establece que, si las personas que soliciten datos de titulares reales de la BDTR nos los piden, tenemos que entregarles “copia de los documentos que acrediten la información suministrada sobre dicho cliente.”
    Por lo tanto, si nos lo solicitan los bancos, habrá que entregarles fotocopias de los documentos de identidad y pasaportes que nos hayan proporcionado nuestros clientes para preparar las actas de titular real, me imagino que por eso ANCERT empieza a pedirlos, por supuesto, de tapadillo y sin decirnos para qué tiene pensado usarlos, pues de ANCERT y del CGN ya se sabe, obligaciones y requerimientos todos, derechos e información los mínimos
    Total nos tiene enganchados por el índice único, con no permitirnos enviar éste si no cumplimos con la última chorrada que se les ha ocurrido, asunto solucionado, cartita de tu decano y amenaza de sanción por retraso injustificado en el envío del índice. Somos sus esclavos y lo malo es que no sabemos quien es nuestro amo, como dice Un Notario ¿en manos de quién estamos,? ¿quién sujeta nuestra correa?.

  • EMILIO ROSELLÓ CARRIÓN
    22 julio, 2014 - 10:42 Reply

    El IU debería prestar servicio directo a la sociedad mediante su adecuada gestión por parte de los propios notarios.
    A mi entender puede ayudarnos a solventar dos males endémicos, que por antiguos no se perciben como tales:
    1.- La localización y gestión de los Instrumentos protocolizados.
    Actualmente, gracias a los medios informáticos de que estamos dotados, la gestión del Protocolo es ágil cuando se trata del Protocolo reciente de cada notaría, pero si el ciudadano desconoce el notario autorizante, por más que cuente con todos los demás datos relevantes relativos al Instrumento (datos de identidad de los otorgantes, fecha aproximada de otorgamiento, número de finca…), la localización del mismo resulta poco menos que imposible.
    Para la solución de este problema el IU se basta y se sobra. Bastaría con que, a estos efectos de localizar Instrumentos autorizados o intervenidos por otros notarios, todos los notarios pudiéramos acceder a su contenido extractado, a instancia de persona con interés legítimo. Se trata, en definitiva, de que el IU cumpla su función de índice.
    2.- Las lagunas de seguridad jurídica que se producen como consecuencia de ser los Protocolos notariales “compartimentos estancos”.
    El acceso compartido al contenido extractado del IU podría ponernos sobre aviso de aquellos hechos relevantes, amparados por la Fe Notarial, al resultan de Instrumentos autorizados por otros notarios, que guarden relación con Instrumentos que han de autorizarse o intervenirse en nuestras notarías. El ejemplo más claro es el de la revocación notarial de un poder del que después pretende hacerse uso para otro otorgamiento notarial. Introduciendo el DNI del apoderado en nuestro sistema informático, el IU podría informarnos de la existencia de la escritura de revocación, de la cual podríamos obtener copia solicitándola al notario autorizante.
    Y se me ocurren evoluciones más ambiciosas, aunque no exentas de riesgos: La creación de un Protocolo Único Electrónico, a cargo de un órgano centralizado de composición notarial, que gestionase directamente la expedición de copias simples, e incluso de información extractada, prestando servicio a las AAPP y también, directamente, a los ciudadanos, y siempre con la máxima exigencia de control de interés legítimo en el solicitante.
    Desde luego, nada que ver con la comercialización casi a escondidas de la BDTR, que de ningún modo puede verse por parte de los ciudadanos como una evolución de la Función Notarial en beneficio de los mismos, que es lo que necesitamos…
    Un abrazo,
    ER

  • ANA VICTORIA GARCIA-GRANERO
    22 julio, 2014 - 12:21 Reply

    Magnífico como siempre, Carlos .
    Pero me surge la duda ¿ Deberíamos entonces en las advertencias de LOPD , también poner el consentimiento para ceder datos a terceros que sean sujetos obligados conforme a la legislación de blanqueo de capitales?
    Un abrazo

  • Concepción Barrio del Olmo
    22 julio, 2014 - 12:45 Reply

    Enhorabuena Carlos por tu post sobre un tema de tanta relevancia y gravedad.

    Al leerlo se me ha planteado una situación que puede darse en nuestro quehacer diario. Me planteo qué sucede si el compareciente a quien le explicamos la finalidad del acta de manifestaciones, acta de titularidad real, que va a firmar y le advertimos, porque me imagino que eso lo vamos a hacer todos, de la posible comercialización por el CGN de los datos contenidos en esa acta, no es que nos de su consentimiento para cederlos sino que prohíbe expresamente la cesión o comercialización de los mismos y así, atendiendo a su petición lo recogemos en el acta, es decir, ¿ qué sucede si el titular de los datos contenidos en el acta prohíbe su comercialización?.

    La cesión, o mejor dicho “comercialización” de la BDTR es un ejemplo más de la peligrosa deriva de nuestra Función en beneficio exclusivo, en muchos casos, de la Administración y casi siempre en detrimento de la esencia del Notariado, así como de la falta de transparencia y participación de los notarios en decisiones trascendentales, ¿cómo en un tema como la BDTR se nos puede despachar con unas cuantas líneas en el SIC?, ¿de verdad eso es información?.

  • Pilar de la Fuente
    22 julio, 2014 - 13:05 Reply

    Vicenta, mi opinión es que se sigue en este blog la doctrina alemana del “Derecho Penal del Enemigo”, que viene a decir, simplificadamente, que todo aquel compañero que no está con los 15 o 20 de Madrid, es el enemigo, y todo lo que haga, por su propia definición, está mal hecho y hay que atacarlo sea como sea, aún a costa de airear cualquier información que se tiene, o de apoyarse en otra institución a la que beneficia esa postura. Hablan de sarracenos en algún comentario; a mí me recuerda más a los conflictos cristianos medievales (que también están en algún comentario), en los que ciertos reyes, para obtener su propio apoyo, acudian a los sarracenos para luchar en contra de otros reinos cristianos, hermanos suyos.
    También podría señalar, además de otros muchos argumentos que no caben, que yo hablo por mí misma, sin necesidad de consultar a nadie más, porque las representaciones no se pueden presumir, ni los machismos tampoco, y porque tengo mis Oposiciones entre Notarios con derecho a primera clase (gracias, entre otros, al preparador JAMS), y he sido Magistrada de una Audiencia Provincial, además de compañera de Rodrigo, Fernando e Ignacio.
    Pero lógicamente no voy a arrojar nada a nadie con falta de elegancia y de educación, ni entraré a los juegos de arena dirigidos por alguien que, en este caso, no puede ser parcial.
    Por cierto, Juvenal Jr, me gustaría saber si tomas ese nombre del poeta romano, o como hijo espiritual del Juvenal Sr.: si es esto último, diría coloquialmente que pues bueno, seguid así, segur que tomba.
    Es más fácil destruir que construir, cualquiera puede tirar piedras a lo construido, y mi opinión es que deberíamos decantarnos por la unidad y por contruir entre todos.

    • Fernando Olaizola
      22 julio, 2014 - 18:18 Reply

      Estimada Pilar:
      Tus intervenciones en este foro son bienvenidas, porque reflejan otros planteamientos y opiniones sin duda distintas de las de los editores, y eso siempre es enriquecedor.
      Dices (muy simplificadamente, desde luego), que “todo aquel compañero que no está con los 15 o 20 de Madrid, es el enemigo, y todo lo que haga, por su propia definición, está mal hecho y hay que atacarlo sea como sea, aún a costa de airear cualquier información que se tiene, o de apoyarse en otra institución a la que beneficia esa postura”.
      Pues bien, en relación a la cuestión que se trata en este post, es decir, a la comercialización de nuestra base de datos de titulares reales con las entidades financieras, o dicho más claramente, a la venta de nuestras bases de datos a los bancos ¿Tú estas de acuerdo? ¿Te parece algo que está bien hecho?¿Coincides con el consejero delegado de ANCERT en que no es más que la legítima explotación de una vía de negocio, como vienen haciendo desde hace mucho tiempo los registradores sin mayores complejos, y que ya es hora de que los notarios dejemos de chuparnos el dedo? ¿Te parece esa comercialización algo acertado, conveniente, oportuno, aconsejable, incluso desde un punto de vista meramente táctico?
      Aún cuando tu respuesta sea afirmativa, supongo que comprenderás y respetarás que otros notarios pensemos lo contrario y no estemos de acuerdo con que se lleven a cabo esa ventas de datos. Y conque así lo manifestemos. ¿O no?
      Por otra parte, ¿estás conforme en como se ha llevado a cabo toda la operación? Algún brillante estratega descubre la piedra filosofal y decide que nuestros datos son comercializables, y con los dos abogados del estado de siempre articula el tema. A continuación se lo presentan al Consejo que (sorprendentemente) lo aprueba (como comenta Carlos, sería muy interesante saber cual fue el sentido y la motivación del voto de cada decano cuando se sometió el tema al Consejo, pero gracias al tan oportuno artículo 341 del RN va a ser que no). Y los notarios que no estamos en las alturas, nos enteramos por el resumen del SIC (y aún con el resumen publicado, algún decano ha tenido la cachaza de negarlo en público).
      Y ante todo ello, ¿que se supone que tenemos que hacer los demás notarios? ¿Decantarnos por la unidad y callarnos, nos parezca bien o no? ¿Entender que, puesto que nuestros decanos han sido elegidos democráticamente, todo lo que hagan ha de ser acatado, hasta que vuelva a haber elecciones a los cuatro años? ¿Ser discretos y prudentes para no procurar munición al enemigo exterior?
      Y una última pregunta: alguien que, como tú, tiene sus oposiciones entre Notarios con derecho a primera clase y ha sido Magistrada de una Audiencia Provincial ¿de verdad se puede creer que todo lo que pasa es por las maquinaciones de quince o veinte notarios de Madrid? ¿Sinceramente piensas que, por ejemplo, el rechazo a que se comercialicen nuestras bases de datos no puede ser sino algo artificial e interesadamente generado por ese grupo de Madrid? Y ya puestos ¿por qué quince o veinte y no cinco o seis? La imagen tendría todavía más fuerza al ser el grupo más reducido, ¿no te parece?.

  • Jesús García
    22 julio, 2014 - 13:13 Reply

    Hace ya bastante tiempo que muchos entendemos que hay que reflexionar sobre el papel de ANCERT, pues sin duda es necesario contar con una serie de servicios informáticos corporativos a la altura de los tiempos, con el objeto facilitar el cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento y vinculados a las nuevas tecnologías, así, como bien apunta el autor del post anterior, fomentar la coordinación de los despachos. Creo que nadie discutiría tal orientación, sin embargo, y de forma lamentable, su gestión ha derivado a una suerte de empresa de servicios con clientela cautiva, que implica un constante goteo de cuotas, directas e indirectas, fijas y variables de todo tipo, que suponen ya una carga relevante en todos los despachos. Entiendo que esto debería ser objeto de debate, en cuanto que parece necesario un replanteamiento del papel de ANCERT y de su coste.

    Desde luego, de confirmarse esta pretensión, estaríamos en la antesala de una peligrosa deriva cuyas consecuencias parecen escapárseles a nuestros dirigentes. En este sentido, cabe discutir cuál es el papel de los distintos partícipes en este tipo de iniciativas, porque es inevitable empezar a discutir si algo debe cambiar en tales instancias, pues sin entrar en un análisis prolijo de la casuística, parece que en esta materia las distintas actuaciones son más que cuestionables.

    Estamos sin duda ante una cuestión capital que, me temo, se ha abordado de forma superficial. Esperemos que no sea tarde y las observaciones aquí presentadas sean tenidas en cuenta por el CGN.

  • F. Javier Oñate Cuadros
    22 julio, 2014 - 14:26 Reply

    Desde ya, voy a poner una cláusula en todos los documentos que autorice o intervenga en la que los comparecientes EXPRESAMENTE PROHIBEN TODA CESION DE DATOS DE NATURALEZA PERSONAL QUE NO SEA EXPRESAMENTE EXIGIDA POR UNA NORMA DE RANGO LEGAL.

    ¿Qué hará entonces ANCERT-CGN?

  • Javier Manrique
    22 julio, 2014 - 23:16 Reply

    Todos estamos de acuerdo en que es necesario colaborar con la Administracion en un tema tan sensible y delicado como es el blanqueo de capitales; la discrepancia está en los medios a utilizar.
    Como dijo mi paisano Emilio Castelar no se pueden matar gorriones a cañonazos y eso es lo que parece querer hacer la normativa de marras y en concreto la base de datos en cuestión.
    No olvidemos que la propia Constitución proclama el sometimiento de la potestad reglamentaria y la actuación administrativa a los fines que la justifican, en base al principio de proporcionalidad y no la hay, no solo en la propia norma, sino también, en el desarrollo de la misma a través de un Manual excesivamente estricto e inquisitorio, y que en muchas de sus interpretaciones se excede claramente de sus fines, y la BDTR que llega al desideratum no solo porque incorpora datos obtenidos antes de su propia existencia, sin la elemental, previa y correlativa advertencia, sino que además pretende suministrar el mapa accionarial de las sociedades dato que en ningún sitio se dice que su obtención se encuentre dentro de las actuaciones de diligencia debida de los Notarios, luego su publicidad no es posible. El colmo es que encima se pretenda obtener con ello un beneficio económico de dudosa rentabilidad corporativa.
    En cuanto a supuesta creación de un repositorio de personas a través de la validación, me remito a la acertada critica realizada sobre el mismo por nuestro compañero Vicente Simó en Notarios y Registradores que pone en duda su legalidad y utilidad, y me llama la atención la exigencia del envio de los documentos de identidad escaneados en caso de modificación de datos de la persona que no demuestra sino una tremenda desconfianza hacia el propio Notario y que esconde probablemente la pretensión de su uso cuando se considere necesario.
    Desde luego dudo mucho que estas actuaciones puedan considerarse amparadas por una legislación de protección de datos tan estricta como la que tenemos y no olvidemos que los sancionados podemos ser los propios Notarios individualmente, en caso de denuncia.

  • Las Filípicas
    22 julio, 2014 - 23:18 Reply

    ¿Por qué si hay una vulneración de la Ley no acude el redactor a los Tribunales?
    Jornadas de Málaga pidió el Congreso o la dimisión de los Decanos, ¿está organizando el Congreso pero sigue pidiendo la dimisión o ya no?, ¿por qué?, ¿qué pide ahora?
    Si hay un Congreso ¿habrá alguna Ponencia “Democracia y Notariado en los años 1975-2014. Valoración” ?
    ¿Se va a defender este Libre Blog frente a quienes pretenden que se cierre sólo por opinar con o contra los quince de Madrid o con o contra los quince que no son de allí?

  • José González de Rivera
    23 julio, 2014 - 10:07 Reply

    Desde luego que uno no gana para asimilar sorpresas desagradables con nuestros simpáticos representantes, y no digamos con ese engendro autogobernado y carísimo que es Ancert.
    Cada vez dominan más nuestra profesión aquellos aires que entraron hace unos años y que elevaron a la máxima potencia los impulsos monetarios que ya entonces, eso sí, a un nivel mucho menor, empezaban a instalarse entre nosotros. Según avanza el tiempo se observa cómo lo jurídico, lo profesional, el servicio a los demás pierden importancia en la forma de funcionar los despachos notariales, y, a cambio, ganan espacio los principios economicistas y dinerarios. ¿Tendrá, de ello, culpa la pertinaz crisis?. Seguro que de una parte sí, pero estoy seguro de que hay muchos más e importantes causas.
    Y, entrando de lleno en el problema que nos cuenta Carlos Prada (gracias, por cierto, por tu esfuerzo), tengo que decir que yo no soy capaz de aceptar, y menos contribuir a ello, que algo tan sagrado como es la preservación en el ámbito notarial de los datos de mis clientes sea cedido a y utilizado por terceros, y más aún mediante precio. Tan sencillo como eso.
    Y, para lograrlo, se me ocurre proponer que el mayor número posible de notarios enviemos al Consejo General del Notariado, presentándolo en el Registro de Entrada, claro está, un escrito comunicándoles nuestra prohibición absoluta de que los datos que les facilitamos por imposición legal y reglamentaria salgan, en forma alguna, del ámbito notarial sin el consentimiento expreso e individualizado de nuestros clientes y de nosotros mismos, con clara expresión de iniciar las actuaciones y ejercer las acciones, legales y de cualquier otro tipo, que nos asistan en caso de violación de nuestra orden.

  • carlos cortiñas
    23 julio, 2014 - 12:37 Reply

    Desde luego como notario no se puede dejar de estar más de acuerdo con la generalidad de las consideraciones anteriores. A Isabel a quien muestro todo mi cariño y respeto solo le hago ver que la cuestión para los notarios de a pie dista con mucho de estar tan solo un poco clara. Las cuestiones planteadas exigen contestación urgente que nos permitan decidir que camino hemos de seguir para sin menoscabar los intereses particulares del notariado como institución no se quebranten los generales de los ciudadanos. Ruego por ello que, dejando al margen cuitas personales, nuestro máximo organismo nos traslade los informes que sean menester y que nos blinden a todos nosotros (los de a pie no iniciados) frente a posibles reclamaciones futuras.
    pdta :el máximo organismo no puede ser otro que el CGN.

  • María José Hortelano Parras
    23 julio, 2014 - 14:04 Reply

    Sería una auténtica barbaridad que el CGNotariado se dedique a comerciar con los datos que obtiene del ejercicio notarial, con la que no estoy de acuerdo en absoluto, EFECTIVAMENTE ES UNA PÉRDIDA DE PAPELES¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    Quizá sea buena idea lo de poner desde ahora en las escrituras de forma expresa la prohibición de cesión de datos personales afín de librarnos de responsabilidad los notarios de base y que sean los del Consejo o Ancert los que en su caso respondan frente a una posible demanda judicial

  • Miguel Prieto Escudero
    24 julio, 2014 - 11:22 Reply

    Hola buenos días:

    Pero, ¿cual es el objeto de Ancert?…..

    A bote pronto, encuentro esto en Internet:
    OBJETO SOCIAL DE AGENCIA NOTARIAL DE CERTIFICACION SL: EL DISENO, EL DESARROLLO, CREACION, PRODUCCION, INSTALACION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, VENTA Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE SOFTWARE, HARDWARE, PRODUCTOS, PROGRAMAS, ETC. (que más….)

    Pero para quien diseña, desarrolla, crea, produce, instala, distribuye, comercializa….a quien le vende y a quien le mantiene…….Yo siempre había pensado que a nosotros, a los Notarios españoles, al Notariado español…..

    Ya me sorprendió hace unos días esta noticia:

    Guatemala delega en Ancert la custodia de sus claves de certificación electrónica
    14/05/2014
    El Registro General de la Propiedad de Guatemala ya puede expedir Certificados de Firma Electrónica Reconocida como Autoridad de Certificación gracias al contrato firmado el 28 de abril por D. Mario Abascal, Director General de Ancert, y D. Edgar Adolfo Montes, representante de dicho Registro, y por el cual nuestra empresa se convierte en proveedora de servicios PKI (Public Key Infraestucture) de la Administración centroamericana. De este modo, en adelante Guatemala podrá beneficiarse de nuestra infraestructura PKI para ofrecer a sus ciudadanos nuevos servicios telemáticos que contribuirán, sin lugar a dudas, al desarrollo social y económico del país.

    Pero lo de la BDTR (que me parece una buena herramienta, si, me lo parece) es mucho más que eso, no es software, hardware, un producto, un programa, ni un etc…..así que no entiendo nada, pero nada de nada.

    Nada más, un abrazo, Miguel Prieto Escudero. Notario de Pinoso (Alicante)

  • Javier Manrique
    24 julio, 2014 - 13:34 Reply

    Os recomiendo la lectura del magnifico articulo sobre el mismo tema en la revista Notario siglo XXI de Amanay Rivas Ruiz. ¡Enhorabuena!!

  • Almudena Marín- empleada de Notaría
    24 julio, 2014 - 22:24 Reply

    Buenas tardes:Me permito el lujo de participar en este blog, concretamente dar mi opinión en base a este artículo, concretamente en el tema de la “validación de datos personales” en el Índice.Os comento un ejemplo de mi experiencia con dicha tarea. Hace unos días, al validar uno de los protocolos, me encontré por una parte con que el compareciente, que tenía nacionalidad española, porque tenía D.N.I., aparecía en los datos que tiene la administración de él (en la pantalla de validación) con nacionalidad panameña; me dispuse a confirmar que era española, porque obliga la aplicación (que lo mismo tenía doble nacionalidad, no lo sé) y además me forzaba a adjuntar un documento que lo acreditase. Para ahorrar tiempo, no tener que imprimir el D.N.I., escanearlo y subirlo, me dispuse a marcar la casilla que permite omitir adjuntar el archivo, pero para ello había que añadir el motivo, y que el Notario lo firmase con su tarjeta, declarando con ello la validez de dicho dato. Luego por otra parte el domicilio: era calle La no se que, pues a la administración le consta como calle no se que, sin el “La”, eso también tuve que validarlo, la aplicación lo “entendía” como distintos. Entre unas cosas y otras, llamar al programa de gestión, reaccionar ante lo que estaba viendo, hacerlo, validar, firmar el Notario, etc, me llevé casi quince minutos…me parece una perdida de tiempo considerable por documento; los empleados tenemos funciones más importantes en las que detenernos.No sé si es posible dar marcha atrás a este nuevo “encargo”, de qué forma hacer para que nos oigan, tanto a los empleados como a los Notarios que luchamos por una función notarial basada en la excelencia y legalidad; que no se merme la función del Notariado por el capricho de algunos y el interés de otros. Bastante teníamos con el índice ¿ no se pide el documento de identidad a los comparecientes, se escanea o fotocopia,  se incluyen los datos personales en la escritura,  el notario los comprueba etc ? Creo que es más que suficiente, si sólo pretendiesen corregir los datos que tenga la administración de ellos, debería hacerlo en todo caso una aplicación informática automáticamente o los funcionarios del departamento correspondiente, que no sé cual es…pero ya veo, ya, que esto no es tan simple como pensaba…Es mi humilde opinión.Reciban un cordial saludo.Enhorabuena por el blog.

  • VICENTA RAMÓN ROYO
    25 julio, 2014 - 00:45 Reply

    Gracias Pilar por darme/darnos tu opinión. No es el enemigo créeme, el que no esté en esta línea de pensamiento, no creo que tampoco tu/vosotros nos tachéis a todos los disonantes de enemigos. Te cuento, en unas jornadas de Madrid, tuve ocasión de hablar con unos compañeros de, precisamente, Madrid ,del congreso nacional, de su necesidad o no, de nuestro futuro. La respuesta resumida es que su único anhelo y deseo era poder jubilarse tranquilamente, y si eso significaba terminar siendo funcionarios y mandados de la administración, pues que bien, que se apañara el que viniera detrás. Que ellos preferían seguir pues, calladitos y tranquilitos en sus despachos a verlas caer, mientras llegaba eso, su jubilación. A mi Pilar me parece una opinión muy respetable, pero sinceramente Pilar lo que creo y anhelo es que los quince o veinte de Madrid o de dónde sea, sean los que piensan como ellos, porque yo a la profesión la quiero un poquito más y a los que vienen detrás también, que hay mucho notario base que vale un montón y como notario, no como simple funcionario. Respeto su opinión pero no la comparto, pero lo importante, lo bueno, que es con lo que hay que quedarse, que pudimos dialogar y eso es lo que pretende el congreso, dialogar sobre todos estos temas que nos inquietan y se tratan en el blog, y si una mayoría de compañeros piensa que lo que hay que hacer es lo que ellos proponían pues adelante pero si prima defender la profesión pues paso a esta línea de actuación. Y por esa misma razón, no podemos dejar hacer sin más a nuestros representantes mientras no definan y expliquen su línea de actuación y mientras no tengan arriba esa unidad de la que hablas y hablamos, con la diferencia de que tu pareces ver existe y yo no, no veo unidad arriba y eso es un problema a resolver. Y los problemas de que hablamos en este blog son muy gordos, como esté que ha dado pie a estos comentarios. Bueno, no os aburro más. Me gustaría conocerte Pilar. BN a todas/todos.

  • Fabián Zambrano
    24 febrero, 2015 - 17:31 Reply

    Me han parecido muy interesantes, tanto la entrada efectuada por D. Carlos de Prada, en el Blog de Transparencia Notarial, que lleva por título “Haciendo Caja a costa del secreto de protocolo”,como los comentarios suscitados por su denuncia, que supongo proceden de notarios que se han visto sorprendidos por el funcionamiento, en real, del Art. 9.6 del Reglamento de la Ley 10/2010.

    Como persona perteneciente al Sector financiero, con responsabilidad en los temas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, me resultan incomprensibles las dudas que aún pudieran tener algunos notarios sobre la obligación que tenemos todos, instituciones públicas y privadas, de colaborar para que se cumpla de forma efectiva de esta legislación, sin la que no resulta posible la transparencia económica, financiera y jurídica, en la complejidad actual de las relaciones económicas nacionales e internacionales.

    Los notarios que aún no ha profundizado en esta materia, deberían pensar que los primeros que han tenido que hacer dejación de sus intereses de negocio han sido las propias empresas financieras, que se han visto obligadas a poner toda su información sobre clientes y operaciones al servicio de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de lo que se está beneficiando toda la sociedad española y también el trabajo de los propios notarios.

    Los que nos dedicamos a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, conocemos la falta de herramientas para esta lucha y la necesidad de compartir las que ya están en nuestro poder, como sucede con la base de datos de titularidad real del Consejo General del Notariado, que resulta posible porque previamente existe una regulación jurídica del Estado que obliga a los ciudadanos a entregar a los notarios determinada información y los justificantes documentales de la misma. De alguna forma por tanto, los clientes del trabajo notarial no son los que utilizan a los notarios para sus relaciones de negocio,, sino la totalidad de los ciudadanos que hemos puesto en manos de los notarios nuestra seguridad jurídica en los negocios.

    Conocida por la sociedad española la existencia de la herramienta (base de datos de titularidad real del Consejo), que fue creada para beneficio de los propios notarios, resulta del todo imposible que el Consejo la pueda negar para el cumplimiento de la diligencia debida por el resto de los sujetos obligados, que como he indicado, están haciendo el mismo esfuerzo en esta materia que los propios notarios.

    Creo que esa será la razón por la que el Consejo General del Notariado no habrá podido negar a la Administración compartir esa información valiosa que posee con el sector privado que está comprometido y trabajando para los mismos fines que los notarios, en lo que se refiere a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Hay que romper la dicotomía, sector público-sector privado en estos temas tan sensibles.

    Considero injusto el título de la entrada “Haciendo caja a costa del secreto del protocolo”, porque lo que no puede hacer el Consejo es cargar con el coste de la cesión de la información, o derivarlo a los propios notarios. El coste de la cesión ha de repercutirlo entre los usuarios del nuevo servicio, que son los sujetos obligados que vayan firmando los convenios de colaboración que establecidos al efecto.

    No sé como funciona realmente la empresa tecnológica del Consejo, (ANCERT), pero lo que sí sé es que si el Consejo le ha encargado la parte tecnológica de este proyecto solidario y también obligatorio en función de la legislación vigente, habrá sido encargado también de asumir el peso de la rentabilización del fichero, con el fin de que no sea gravoso para el sector notarial. Estoy seguro que no habrá negocio en este servicio, y que el objetivo último se limitará a equilibrar costes.

    Todos los sectores económicos y sociales estamos en el mismo barco ante este reto, y atendemos a los mismos ciudadanos cuando hacemos nuestros respectivos negocios, pero ante un enemigo común como es el que subyace en el blanqueo de capitales y en la financiación del terrorismo, hemos de hacer dejación de nuestros intereses sectoriales, y aceptar compartir solidariamente las herramientas que cada uno de los sectores pueda poseer, con el fin de defender a nuestra sociedad de este grave problema.

    Estaré encantado de poder aclarar las dudas que se me propongan, en relación con lo que defiendo en los párrafos anteriores.

    Un saludo

  • Carlos de Prada
    26 febrero, 2015 - 17:10 Reply

    Estimado Fabián, no creo que ningún notario tenga dudas sobre la obligación que tenemos todos, instituciones públicas y privadas, de colaborar para que se cumpla de forma efectiva la legislación en materia de prevención del blanqueo y mucho hemos colaborado y seguimos haciéndolo en esta materia los notarios.

    Pero, una cosa es colaborar con la administración para facilitar su labor en este tema, proporcionándole la información que nos solicite de la que consta en los documentos que se custodian en nuestros despachos profesionales y otra, muy distinta, que abramos el contenido de nuestros protocolos notariales a todo aquel que tenga obligación de identificar a los titulares reales de las sociedades con las que contrata y esto, no para facilitar la eficacia de la administración en materia de blanqueo de capitales, sino para abaratar y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de blanqueo de capitales por parte de dichos obligados.

    Afirma usted que “…los primeros que han tenido que hacer dejación de sus intereses de negocio han sido las propias empresas financieras, que se han visto obligadas a poner toda su información sobre clientes y operaciones al servicio de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de lo que se está beneficiando toda la sociedad española y también el trabajo de los propios notarios….”

    La verdad es que no tengo conocimiento de que ninguna empresa financiera haya puesto a disposición de los notarios, ni de nadie, su base de datos en materia de titulares reales para facilitarnos nuestro trabajo. Lo que han hecho, igual que los notarios, es obtener la información en materia de titulares reales que les exige la legislación y tenerla a disposición de la administración, para proporcionársela cuando así lo solicite, pero no abrir sus datos confidenciales en esta materia a cualquiera obligado a identificar a los titulares reales, como pretende el CGN con la comercialización la BDTR.

    Es evidente que la puesta a disposición de las entidades financieras, para las que usted trabaja, de la BDTR, les puede suponer un importante ahorro de costes para cumplir con sus obligaciones en materia de blanqueo de capitales y entiendo que a usted le parezca una magnífica idea y pretenda defenderla con el extraño argumento de que “… los clientes del trabajo notarial no son los que utilizan a los notarios para sus relaciones de negocio, sino la totalidad de los ciudadanos”.

    Pero la información confidencial que obra en los protocolos que custodiamos en nuestros despachos pertenece única y exclusivamente a los firmantes de las escrituras y demás documentos notariales, quienes tienen todo el derecho del mundo a mantener su derecho constitucional a la intimidad a salvo del escrutinio de las entidades financieras y a que el secreto profesional del notario, solo se levante para atender a los requerimientos realizados por la administración, pero no para hacer negocio con sus datos y facilitar el trabajo de las entidades financieras.

    Por otro lado, le aseguro que el CGN no tiene intención alguna en compartir con los notarios los ingresos que obtenga por la comercialización de las BDTR, de hecho, en un primer momento, hasta se nos cobraba 0,20 € por cada consulta que hacíamos de la BDTR, a pesar de que somos los notarios los que hemos costeado la BDTR ya que, los datos de los que se nutre, se introducen en la base de datos por el personal de las notarías.
    Un saludo
    Carlos de Prada

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