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Notariado, Estado y Ciudadano

El título de este post es el mismo que el del editorial del número 85 de la revista “Escritura Pública”, órgano oficial de expresión del Notariado español.

Dice el mencionado editorial

el Notariado es ante todo y sobre todo, una función pública, o si se prefiere, el Notariado es Estado..

Y añade,

La que define su auténtica esencia, como antes decíamos, es su carácter estatal. Y está en el Notariado desde su origen.

Y también,

Una de las claves de esta ley (la del Notariado) fue precisamente la de configurar al Notariado y a la fe pública como un servicio más del Estado, plenamente integrado en su órbita

Cierto es que la función notarial es una función estatal, que tiene su origen remoto en las necesidades del tráfico. Pues en origen, es una creación de la sociedad que, cooptada por el Estado, adopta sus perfiles actuales, como una función delegada de la soberanía estatal. No obstante, esa función pública está diseñada para la satisfacción inmediata de intereses privados y en la atención de éstos se cumplimenta primariamente el interés público o general subyacente a la misma.

Parece pues que la función notarial oscila entre dos polos de gravitación, el Estado y la sociedad. Y lo que quiero plantear aquí es la cuestión atinente a la posición relativa que entre ambos debe ocupar el Notariado como institución.

La opinión “oficial” antes expuesta es la de que el Notariado se integra en la estructura estatal. Y de ello han de seguirse, y se están siguiendo, importantes consecuencias en la práctica. El Notariado será un instrumento del poder político para el logro de las finalidades que este persiga o considere convenientes.(El estado demanda nuestra implicación solicitando nuevos servicios en esta dirección y el Notariado ha de estar presto a responder, dice el editorial de Escritura Pública antes referido). Y asumido esto, el Notariado se irá convirtiendo en un órgano más de la Administración Pública, cuyo valor será apreciado en la medida en que sea útil para la prevención del fraude o del blanqueo, o en general, para la obtención de datos de los ciudadanos que hagan posible o efectiva la acción de gobierno. La acumulación y el tratamiento de la información, ha sido, ya desde el nacimiento del Estado moderno y como pone de manifiesto Giddens, la herramienta para el fortalecimiento del poder estatal y la clave del robustecimiento de la estructura administrativa, y el Estado utiliza el potente recurso que para esta finalidad constituye el notariado.

Por otra parte, las notarías se convierten en oficinas no ya públicas, sino propiamente administrativas, como la celebrada constitución de éstas en “ventanillas únicas”. El Notario, cada vez más, se convierte en un gestor de expedientes, receptor de formularios y estructuras negociales  preconfiguradas, abandonando su tradicional tarea de configurador jurídico para convertirse en un verificador o interventor, al servicio de un proceso de estandarización que poco a poco va minando la autonomía negocial, que es expresión de la libertad individual(véase una vez más, el editorial de Escritura Pública).

Este desplazamiento hacia el polo estatal no debiera hacerse a costa del otro polo definitorio de la función del Notario: el ser un tercero imparcial, que en sus funciones de asesoramiento, reequilibrio y control de legalidad, permite superar las asimetrías informativas y hace efectiva, siquiera sea parcialmente,  la idea de justicia material que subyace a las normas. Es indudable que cada Notario, en su actuación individual, cumple, dentro de los márgenes que le permite el ordenamiento, con esa función. El tema es si la institución, el Notariado como algo distinto de la simple suma de sus miembros lo hace. Y si debe hacerlo.

La tesis que sostengo es que la institución notarial, en el ejercicio de sus competencias  “políticas”, en su relación con los actores del mercado y con la Administración, debe ser un reflejo del hacer individual, una sublimación en lo colectivo de la tarea desarrollada por los notarios. Es decir, si el notario individual es un defensor de la parte débil de la contratación, vela por la no inclusión de cláusulas ilegales o abusivas, si preserva la intimidad de los particulares cumpliendo con sus deberes de secreto profesional y de secreto de protocolo, la institución ha de actuar como agente de la vida política y económica en esos mismos términos.

En tiempos recientes tenemos ejemplos  de cómo el deslizamiento “administrativista” u “organicista” se ha producido sin que se haya compensado con una intensificación de la función “social” o “de balance” antes indicada. Sin demasiado análisis se ha asumido la procedencia de ceder los datos de las Bases de Titularidad Real a otros terceros obligados, sobre la base de una disposición reglamentaria, que como ha demostrado Carlos de Prada en un post sobre la cuestión publicado en este mismo blog, choca frontalmente con las exigencias legales y constitucionales de protección de derechos fundamentales. Sin embargo, a pesar de haber asistido durante años a las discutibles formulaciones en el marco de la contratación financiera y comprobada la insuficiencia de los medios de control dispuestos legislativamente, se ha mantenido un silencio institucional con grave coste reputacional para la corporación, que sólo trató de ser paliado, con la marea alta y en plena inundación, mediante la creación de un órgano que, bien ideado, resultó a la postre falso y vacío, el OCCA. Gráficamente se puede expresar la situación que trato de describir comparando la hipertrofia del OCP (y de su inseparable escudero, ANCERT)y la esquelética apariencia del OCCA.

Quizá parte de la explicación de lo anterior se deba a la instancia en la que se busca la legitimación y la justificación de nuestra propia existencia. Mi impresión es que se ha perdido la fe en la utilidad social de la función notarial, que se han asumido postulados economicistas que rebajan la intervención notarial a un coste de transacción, a un insumo no justificado. Y que, con esta configuración mental se busca la justificación en la utilidad que el Notariado aún puede prestar a la Administración como agente de la misma.

Creo que debemos repensar esta actitud, que debemos hacer un ejercicio de introspección y revelar el fondo ético de nuestra profesión, como actividad pública que tiene como centro la persona, la defensa y protección de su libertad, la consecución de la igualdad; que somos constructores de trama social, de un desarrollo armónico y pacífico. Y que como institución debemos resituarnos como contrapeso entre poderes y tensiones de vectores contrarios. Que no debemos buscar nuestra justificación sólo en el Estado, sino también en la sociedad, pues de la percepción que de nuestra utilidad tengan los ciudadanos va a depender en último término nuestra subsistencia. Que esto no es óbice para mantener el carácter público de nuestra función, pues un Notariado combativo en la búsqueda de un mercado más justo y transparente, cumple también una función pública y de interés general.

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18 Responses to "Notariado, Estado y Ciudadano"

  • José-Javier Cuevas Castaño
    24 julio, 2014 - 01:27 Reply

    Totalmente de acuerdo. El notariado fué una creación popular o ciudadana asumida por los Estados (siquiera en sus formas embrionarias, como centros de poder de las ciudades, las diócesis, las naciones).
    La subsistencia del invento es impensable si se quiebra esa doble legitimidad de origen, que es lo que está empezando a pasar. Sin el doble respaldo no hay futuro y el notario sería o una “imposición” sin apoyo social, cuya existencia se asentaría en obligatoriedad o imposición de su intervención o bien una institución de utilidad social y aceptación ciudadana pero sin el soporte, respaldo, confianza y valoración de los poderes del Estado, o, en el peor de los casos, una reliquia del pasado sin uno ni otro respaldo y condenada a desaparecer.
    Estas disquisiciones no deberían quedar en tales sino condicionar la actuación personal y la corporativa. Hay que servir con lealtad a los “dos señores” para conservar o recuperar el respaldo de ambos.
    ¿Estamos a tiempo?.

  • IÑIGO ROMERO DE BUSTILLO
    24 julio, 2014 - 12:51 Reply

    De acuerdo totalmente con Luis y Javier.
    Pero “ciclos del ladrillo” como el que hemos tenido en los últimos años no ayudarán nada a ese mantenimiento del equilibrio entre Estado y Sociedad,entre Sociedad e Individuo,entre Individuo y Ciudadano.-
    Como escribió el gran José Luis Mezquita si el Notario se define por sus notas “esenciales” debe necesariamente resultar que es necesariamente o “no es Notario”:
    1 Un ASESOR jurídico imparcial con contrapeso equilibrador ,en su caso.-
    Un CONSEJERO imparcial.-

    2 un CONTROLADOR de la legalidad,del ajuste al Ordenamiento Jurídico,con deber riguroso de negación o suspensión de funciones ,bajo su responsabilidad.- En esta nota pero solo en esta nota debe basarse su deber de colaboración con el Estado.- En lo demás (1 y 3) está al servicio del individuo,de las personas,de la sociedad y de la libertad civil.-
    3 Una DADOR DE FORMAS PUBLICAS a toda clase de hechos,actos y negocios y cuya Fé Pública no puede ser desvirtuada sino en juicio contradictorio( y no como ahora mismo tenemos con el nefasto 143 RN)
    Estamos a tiempo? SI.- Si queremos todos y cada uno de los Notarios .- Depende solo de nosotros y de las futuras generaciones de nuevos Notarios.-

  • Carlos de Prada Guaita
    24 julio, 2014 - 19:47 Reply

    Qué razón tienes Luis, no suelo leer Escritura Púbica y por eso no había visto este editorial. Es evidente que quien lo haya escrito desconoce cuál es el origen de nuestra profesión.
    Como tú y Javier bien decís, el Notariado nace de la sociedad para cubrir una necesidad demandada por la misma y no del Estado, si bien éste, viendo la utilidad de la institución, se apresta a regularla.
    Dado que el autor del editorial debe ser alguien cercano al CGN, no nos puede sorprender la deriva “funcionarial” que últimamente sufre nuestra profesión.
    Si no saben de donde venimos, ¿a dónde nos acabarán llevando?

  • F. Javier Oñate Cuadros
    24 julio, 2014 - 20:19 Reply

    Esto puede leerse en Internet:

    “En la tensión entre libertad e intervención, el espacio para las Administraciones Públicas está en la supervisión de los mercados, proporcionar marcos seguros en los que los ciudadanos y las empresas interactúen libremente. El gran reto es fijar unos límites infranqueables en el comportamiento de los actores que, sin obstaculizar la iniciativa privada, permitan crear el clima de confianza necesario. Para ello se requiere de una vigilancia objetiva, imparcial y tecnocrática, bastante alejada del escenario actual español, donde la discrecionalidad, la politización, las modas de lo “cool” y la influencia de las élites extractivas están presentes más de lo deseado en los organismos supervisores y las Administraciones Públicas. Este modelo debe cerrarse con el castigo de las conductas punibles sin ningún tipo de excepción. Franqueados los límites, la actuación administrativa debe dar una respuesta rápida, clara y sin margen para la arbitrariedad.”

    La respuesta al reto: Una organización inspirada en el notariado. Ese es nuestro verdadero valor añadido: El servir de catalizadores de la actividad económica, la creación de normas jurídicas formales e informales, de costumbres jurídicas, etc. La solución no es ni la desaparición ni la funcionarización del notariado, mucho menos nuestra venta o donación (con cargas). Debemos luchar por demostrar el valor del sistema público-privado que supone el notariado y su ventaja para la sociedad.

    El único problema es que chocaríamos con la casta que maneja el tinglado macroestatal y eso no nos haría muy simpáticos a la administración.
    Otra alternativa sería que nos fusionaran con los registradores y desapareciera nuestra función.

    Lo que ocurrirá será que nos irán limando competencias para premiar a los neoregistradores civiles por hacerse cargo de los gastos de montar el nuevo Registro Civil gratis, cosa que tiene encantadísimos a los de ARBO.

  • Powosky
    25 julio, 2014 - 10:27 Reply

    ¡¡Caramba!! ¡¡¡Así que no soy el único que lee Escritura Pública!!!

    Recomiendo a los lectores de este blog que no procedan al habitual archivo en la papelera de los números de la revista que reciban, pues en ella se pueden encontrar auténticas joyas. Como muestra, estas perlas que tengo anotadas, del número, si no recuerdo mal, de abril de dos mil trece. Fueron halladas en un artículo sobre los poderes notariales.

    “Para evitar cualquier confusión, en la mayoría de los paises, incluido el nuestro, esas revocaciones (las de los poderes) se recogen en un archivo público notarial de poderes revocados con el fin de que cualquier notario pueda verificar si el poder que se le presenta está vigente en determinado momento o si ya es ineficaz”. En 2013. Imagínense el susto. Yo pensando que el Archivo de Revocación de Poderes no existía, y parece que no era así (porque yo creo a pies juntillas lo que dice la revista). Desde entonces lo busco y no lo puedo encontrar, y mi alma vaga en pena en pos del mencionado archivo…

    Y otra,

    “Conviene saber que el Notario actúa de mediador y da fe del documento, pero no asume ninguna responsabilidad”. Esto me lo he guardado yo para alegarlo frente a cualquier reclamación de mis clientes. Si lo dice Escritura Pública…

    Y hay más, ya les buscaré más cosillas que tengo por ahí que son de mucho interés.

    Aunque a lo mejor, como dice un amigo mío, que más da lo que diga la revista, si total no la lee nadie…

    Un saludo. Enhorabuena por el blog, que está consiguiendo cabrear al Notariado español hasta niveles que algunos de los que mandan (Notarios y no Notarios) ni se imaginan. Seguid así compañeros, que no os paren.

  • Fernando Olaizola
    25 julio, 2014 - 21:40 Reply

    Este blog pretende ser un foro en el que se puedan escuchar todas las voces, todas las opiniones y todos los planteamientos. Y en relación a la muy importante cuestión que se plantea en este post, el profundo escoramiento del notariado hacia su vertiente funcionarial, como consecuencia de las políticas mantenidas durante los últimos quince años, creo que es interesante escuchar a algunos destacados articuladores y justificadores de esas políticas, como punto de partida para el necesario debate sobre la definición y orientación de nuestra función en los años venideros.

    “Recién constituido el Consejo, en febrero de 2005, el Vicepresidente Solbes nos recibió a Antonio Ojeda y a mí. En aquella reunión quedó claro que el Gobierno impulsaría una reforma del sistema de seguridad jurídica preventiva con dos puntos fundamentales: la apuesta decidida por las nuevas tecnologías y un refuerzo de la vertiente pública de nuestra función en aras de que el notariado fuera más útil a la consecución de los fines de interés general y a que colaborara de modo más eficaz con las Administraciones Públicas. Por ello, el Consejo se puso a trabajar desde el primer momento en esa línea”. José Marqueño (2009)

    “El Notariado del siglo XXI no puede vivir anclado en viejos y superados moldes. No se trata de renunciar a la tradición; se trata de adaptarse a las nuevas necesidades que demanda la sociedad: mayor agilidad y mayor implicación en políticas públicas de gran calado social, (como) la colaboración en la persecución de fraudes”. Antonio Ojeda (2009)

    “Nuestros políticos no han leído a Núñez Lagos, ni piensan leerlo. En cambio entienden con facilidad la eficacia del Indice Unico y reciben a diario las impresiones sobre nuestra participación en la lucha contra el delito y el blanqueo. Si examinamos con objetividad lo que algunos llaman retroceso durante estos años, ¿realmente se ha perjudicado la función o sólo hemos dejado unos cuantos pelos en la gatera?”. Joaquín Borrell (2008)

    En relación a aquella famosa “hoja de ruta” de 2008, que supuestamente iba a rediseñar todo nuestro sistema de seguridad jurídica en términos muy ventajosos para el notariado (cuyo anuncio coincidió con el de una inmediata rebaja arancelaria general del 20%, y de la que nunca más se supo tras el siguiente cambio ministerial), explicando que “la situación del notariado es de relativa tranquilidad en este campo”, y que el notariado podía estar “convencido de pasar cualquier examen” por “haber hecho los deberes”: “Por definir la política axial del Consejo durante el cuatrienio (2004-2008), estas han sido sus trincheras: 1ª) Dotación de un sistema tecnológico apto para la remisión de copias telemáticas. Sin esto ya no seríamos interlocutores válidos para una Administración que centra en la telemática casi todos sus proyectos de futuro. 2ª) Insustituibilidad de la información suministrada por los notarios, mediante el nuevo Indice Unico, para agregar a nuestra función un valor añadido fácilmente comprensible para los órganos decisorios. Sin la premura en la materia, tal vez ya hubiésemos perdido importantísimas competencias funcionales. 3ª) Colaboración con Catastro, puesta como ejemplo de intercambio fructífero entre dos instituciones. 4ª) Cambio radical en la percepción del Notariado ante el blanqueo de capitales: erigido en centro de la lucha, desde la creación del OCP, a costa de la mengua de un cierto concepto del hermetismo protocolario al servicio de los otorgantes”. Joaquín Borrell (2008)

    “Me enorgullece que mi nombre aparezca relacionado con la política notarial de este decenio; inmerecidamente, porque resulta obvio que otros tuvieron mucha más dedicación y responsabilidad. Sin embargo, entre todos, incluida la pequeña parte que me tocó, conseguimos que la intervención notarial, mediante la colaboración con las Administraciones, dejara de ser estimada un trámite prescindible y pasara a ser el factor simplificador de los trámites; que el notariado, injusto sospechoso de coadyuvar al fraude fiscal y al blanqueo, deviniese en la apreciación general la herramienta principal para combatirlos; y que de permanecer anclados en la prehistoria de la tecnología, nos hayamos convertido en un paradigma de la conexión telemática. En un periodo en el que hasta las Cajas de Ahorro han desaparecido, aviados habríamos estado en otro caso; y aviados estaremos si, lo que por fortuna no parece que sea previsible, la nueva dirección da marcha atrás (en referencia al nuevo Consejo presidido por García Collantes)”. Joaquín Borrell (2012)

    “Ya está casi terminada la modificación que permitirá/obligará a recoger los datos de los titulares reales en el Indice Unico. Al margen del incordio que va a suponer esa nueva obligación, creo necesario reflexionar sobre la procedencia o no de dicha carga. Y creo que ya es momento de que nos liberemos de complejos y atavismos inútiles añorantes de vueltas atrás. El notariado ha sido capaz en muy poco tiempo de reordenar su función no sólo en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva, sino también en el ámbito del control de la legalidad. De toda la legalidad: la documental, la fiscal, la de prevención del blanqueo o la urbanística. Y ello ha sido posible estructurando informáticamente el contenido literario de nuestras escrituras y articulando una base de datos nacional”. Cesar Belda (2011).

  • Fernando Olaizola
    25 julio, 2014 - 21:44 Reply

    La entrega del notariado a una colaboración obsequiosa con la administración en tareas cada vez más variopintas obedece, como se dice en el post, a que se ha perdido la fe en la utilidad social de la función notarial y se busca primordialmente la justificación de nuestra existencia como agentes de la Administración.
    Y ello tiene además otra consecuencia: si la función notarial (todo aquello de informar, asesorar y aconsejar a las partes, conformando y adecuando al ordenamiento jurídico el negocio que documentamos, y dar con ello seguridad jurídica y económica a los derechos e intereses de los ciudadanos) no puede defenderse en sí y por sí, sino que poco menos que se permite que subsista para seguir engordando nuestras bases de datos, ni nos planteemos una revisión del Arancel, que retribuye precisamente aquello en lo que ya no se cree.
    Y por tanto, hay que buscar “nuevas vías de negocio” que podamos explotar, como sostiene el consejero delegado de ANCERT. Desde convertirnos en una suerte de monopolizadores de la gestión telemática del tráfico inmobiliario y mercantil hasta vender nuestras bases de datos a las entidades financieras. Y seguramente, si algún día los notarios nos dedicamos a casar, ANCERT ofrecerá un servicio de catering y alquiler de limusinas a los contrayentes, para que aprovechemos ese efecto colateral de nuestra función y entremos también en ese nicho de mercado.

  • Notario
    25 julio, 2014 - 22:43 Reply

    Así que Solbes dijo: por aquí, y Marqueño y el Consejo se pusieron a trabajar desde el primer momento en esa línea.
    Así que sólo nos hemos dejado unos pelos en la gatera.
    Asi que la voladura del secreto de protocolo no es más que la mengua de un cierto concepto del hermetismo protocolario.
    ¿La Historia los absolverá?

  • Javier
    26 julio, 2014 - 00:47 Reply

    El ejemplo de las cajas de ahorro no puede ser más desafortunado. Las cajas han desaparecido precisamente porque cayeron en manos de los políticos. Si ese ejemplo sirve para algo es para exigir que nuestros decanos dejen de ser políticos y vuelvan otra vez a ser notarios.

  • Carlos Cortiñas
    26 julio, 2014 - 02:17 Reply

    Querido Luis
    Tan cerca y desafortunadamente tan lejos físicamente.
    Suscribo de cabo a rabo tu intervención ,ojalá la lean y entiendan otros vecinos de la tierra q te alumbro como persona y como notario!
    Acabas de centrar la cuestión verdadera y nunca resuelta; la caja de Pandora del notariado español ,lleno de complejos y desvaríos ,q lo alejan de su verdadero ser.
    Eres sin duda un valiente y espero de veras q no se te tache de imprudente o recaigan sobre ti venganzas q otros han y hemos sufrido.
    Un abrazo muy fuerte desde tu tierra.

  • luis
    26 julio, 2014 - 14:06 Reply

    Realmente en todas las entradas que se van planteando en el blog no dejamos de dar vueltas a la esencia o deber ser de la profesión notarial, desde distintos puntos de vistas, lo que ha sido un ejercicio continuo de los notarios desde hace mucho. Como ejemplo recomiendo el libro que se publicó el año pasado, “COMPARECE ESPAÑA” y veremos que los problemas no dejan de ser los mismos desde hace mucho tiempo. Yendo a la historia también podemos intuir las soluciones, para ver cual ha sido el esquema en el que el notariado ha tenido una mayor repercusión social.
    No cabe duda que uno de ellos es el sistema de ingreso, que permite presuponer una calidad mínima de todo aquel que ingresa en el notariado. Pero paralelamente el notariado debe de tener un sistema retributivo que se acomode a la esencia de la función, y creo que este es el mayor problema que tenemos hoy en día. El arancel tal y como está planteado no promueve la investigación jurídica (el I+D está en todos los sectores) y es por otro lado incentivador de malas prácticas porque resulta mucho más rentable, dedicarse a la rutina que al ejercicio profesional serio y reflexivo. Que conste que no digo que no se haga, pero creo que nadie podrá negar, que esa función no está retribuida.

  • Fernando Olaizola
    26 julio, 2014 - 15:47 Reply

    La falta de convicción en la defensa de la función notarial en cuanto tal, y el ocultarla detrás de bases de datos e índices únicos, tiene como consecuencia que esa falta de convicción sea aún mayor en cuanto concierne a nuestra retribución. No solo no se exige una adecuación y racionalización del arancel, sino que hay que acatar todas las rebajas arancelarias que vengan.
    Como lo decía con toda claridad el editorial del número 4 de la revista “El Consejo Informa” de noviembre-diciembre de 2007, respecto de las rebajas introducidas por la Ley 41/2007: “por lo que se refiere a los aranceles y atendidas las cuestiones en juego, solo queda ser coherentes con la realidad que en otros ámbitos defendemos: que como precio público, sobre el que la corporación notarial no tiene competencias reguladoras ni siquiera negociadoras, constituye un elemento de política económica que, como toda norma jurídica, debemos cumplir con seriedad”.

  • Luis Bustillo
    26 julio, 2014 - 16:43 Reply

    Y después de vender el alma, y después de decir que el índice y los datos eran “sobre la mar camino” ¿Qué nos ha quedado? Que nuestra función de configuradores jurídicos que dan la respuesta adecuada a un problema, de solucionadores de conflictos, de reequilibradores, de protectores de la parte débil del negocio ha sido soslayada por la administración, que ha contestado a nuestra incondicional entrega con estatutos-tipo, escrituras de constitución de sociedades con “Campos normalizados”, con formularios y documentos privados que con la inscripción adquieren fuerza ejecutiva (véanse los proyectos de ley de hipoteca naval y de garantías posesorias), con expresiones manuscritas, con el olvido de nuestra intervención en la contratación financiera(proyecto de Código Mercantil). Esos “políticos” que con tanta gravedad afirmaban saber donde estaba El Dorado podrían dar una explicación, no estaría mal. Y el Rasputín que les hablaba al oído también.
    Javier, razón tienes, deben dejar de ser políticos y ser lo que son. Notarios. Eso es precisamente lo que quería decir en el post: no ha de haber solución de continuidad entre el notario como tal y el notario como representante corporativo.
    “Crec que ningú dubtarà que avui dia el Consell General del Notariat és un òrgan polític, no tècnic, que pren decisions polítiques que afecten aspectes fonamentals del nostre exercici professional”, escribía la decana Palmira Delgado en la revista “La Notaría” en Octubre de 2010. Palmira, lo siento, pero creo que estás equivocada. No sois políticos. Sois Notarios representando a otros Notarios. y como tales debéis velar por el adecuado cumplimiento de sus funciones por el Notariado en la sociedad. Para ello tendréis que tratar con políticos. Ellos son los que toman esas importantes decisiones políticas. Sois Notarios que tratarán de influir en los políticos. A menos que os consideréis políticos por “jugar a la política” con vuestras alianzas, contraalianzas, mociones de censura, etc. Entonces si, seréis políticos en el peor sentido que a la palabra se le atribuye.
    Y a lo mejor lo bueno es esto. Abandonar los atavismos a los que se refería Cesar Belda, como reseña Fernando en su comentario. Pero por lo menos estos se tendría que haber hecho hablando con todos los Notarios, pues algo debieramos haber podido decir todos, no es una decisión para ser tomada en la soledad del peso de la púrpura.
    Carlos, muchas gracias por tu afectuoso comentario. No temo venganza o represalia, ni creo que pueda haberla. Pero aunque la hubiese, no por ello dejaría de decir lo que pienso y de defender la idea de Notariado que tengo. Porque creo que es algo bueno y porque mi profesión es buena parte de mi vida y en un momento quise y aún quiero que mi profesión, y por tanto mi vida, sirva a los valores y fines que son los propios del Notariado como yo lo entiendo.

    • Fernando Olaizola
      26 julio, 2014 - 17:08 Reply

      Primero que el señor Belda nos explique cuales son para él esos atavismos de los que hay que liberarse, no sea que tiremos al niño con el agua de bañarlo.

  • Fernando Olaizola
    26 julio, 2014 - 16:57 Reply

    Por cierto, Powosky, no solo “Escritura Pública” merece ser releída en busca de perlas cultivadas, también hay que acudir a los diez números de la revista “El Consejo Informa” (2007-2009) que resultan muy ilustrativos sobre el tema de este post.
    Por ejemplo:
    – Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia, en el 25º Congreso Internacional del Notariado: “La labor del notariado español en estos últimos tres años (2005-2007) ha trascendido el control de legalidad individual de actos, para pasar a una labor de control mucho más ambiciosa que conecte de lleno con las obligaciones de control de la sociedad”.
    – Julio Pérez Hernández, Secretario de Estado de Justicia, en el mismo foro: “ustedes son titulares de una función cuyo origen se encuentra en el corazón del Estado. La función notarial en estos tiempos ha de estar marcadamente más próxima al Estado, como coadyuvantes del Estado en la realización de los fines de la Ley”.
    – Pilar Blanco Morales-Limones, Directora General de los Registros y del Notariado, en las jornadas de nuevos notarios aprobados en las oposiciones de Salamanca: “El notario no solo cumple vigilando que el contrato que autoriza se ajusta a la legalidad, sino que tiene encomendadas importantes funciones públicas. El centro de gravedad de la función notarial se ha trasladado desde el mundo de lo privado al de lo público”. Alto y claro, para que los nuevos notarios no tuvieran dudas de lo que se esperaba de ellos.
    – En un artículo sin firma sobre el 10º Congreso Notarial Español a celebrar en Tenerife se habla de la necesidad de trasladar a las autoridades y a los ciudadanos “la realidad de la función notarial latino-germánica, subrayando el aspecto controlador del notario, su participación en la autoridad del Estado y en consecuencia su carácter funcionarial, sin perder por ello algunas de las características del “profesional”, pero solo en cuanto son necesarias para el desarrollo de su principal función”. Es decir, que si seguimos siendo profesionales es en la medida que ello contribuye a que seamos unos eficaces agentes de la Administración, infiltrados en el tráfico.
    – José Marqueño, en su discurso de despedida al cargo de Presidente del CGN en el 10º Congreso Notarial Español: “nos vamos en un momento en que un acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de agosto (de 2008) anuncia la reforma en profundidad del sistema de seguridad jurídica preventiva. Hemos de tener fe y esperanza en que todo lo hecho no va a caer en saco roto, y que será tenido en cuenta, no como contraprestación, por otra parte indebida, sino como reconocimiento y garantía de que somos capaces de asumir y cumplir con disciplina y rigor las tareas que nos encomienden en pro del interés general”. El Gobierno por fin iba a reconocer nuestra abnegación y entrega; pero eso sí, con un último sacrificio, en forma de rebaja arancelaria general.
    – Editorial del número 8, septiembre-octubre de 2008, en relación al citado acuerdo del Gobierno de 14 de agosto de 2008 y a la hoja de ruta en elaboración: “el acuerdo considera que la función puede ser prestada con un menor coste para los ciudadanos. La razón directa cabe encontrarla en la implementación en los últimos años de medios telemáticos y tecnológicos en la oficina notarial (¿?). Así, se contempla una reducción promedio del 20% de los aranceles”; y que “la evidente variación en los últimos años de los parámetros en los que la función notarial se ha prestado desde 1862 no ha sido en vano. El Gobierno conoce que, ante la confianza que deposite en el Notariado, puede esperar la actuación responsable y comprometida de este cuerpo de servidores del Estado”.
    Ya sabemos como terminó aquel episodio: la rebaja arancelaria se evitó gracias a una coyuntura casual y al margen del CGN; posteriormente, el Ministro tuvo que dimitir por sus actividades cinegéticas, con él se marcharon la Directora y la Subdirectora de la DGRN, y aquella ambiciosa hoja de ruta se derrumbó como un castillo de naipes. Pero seguimos de abnegados servidores del Estado, ya no se sabe si por pura inercia o porque ANCERT y nuestras demás criaturas han crecido demasiado y han tomado el control.

    • Powosky
      26 julio, 2014 - 19:08 Reply

      Clarificador, Fernando.
      Y leyendo los comentarios que has hecho, con profusión de citas, se me ocurre una cosa:

      En esta crisis hemos estado en el ojo del huracán dos veces. En la crisis de los desahucios y cuando lo del famoso 14-Z.

      Nadie nos ha aplaudido por remitir millones de datos a la Administración. Pero nos han machacado por considerar que no hicimos lo suficiente contra los abusos bancarios.

      Cierto que en este último aspecto podíamos lo que podíamos. Pero ¿no hubiera sido mejor que en los años anteriores el Consejo se hubiera preocupado por presionar políticamente para lograr más y mejores instrumentos para cumplir con esa función? En el fondo, cuando nos critican por eso es porque la sociedad esperaba eso de nosotros. y a lo mejor no hemos respondido como deberíamos.

  • Fernando Olaizola
    27 julio, 2014 - 11:13 Reply

    Atención al punto 7:

    “La asociación de registradores AIREG denuncia en su web que la empresa a la que el decreto ley encomienda la contratación del sistema informático (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) fue la adjudicataria del 90% de los contratos sin publicidad otorgados a dedo del Ministerio de Defensa. Mal empieza el proceso de selección cuando internamente se duda de la imparcialidad del que tiene que elegir al beneficiario del megacontrato. Esta misma asociación ya denunció también que la empresa Futuver SL., cuya sede en Madrid se encuentra en el edificio de los Registros, fue adjudicataria a dedo de los sistemas de digitalización de los expedientes de nacionalidad. En este caso se trata de un contrato de muchos millones de euros; en la España del pelotazo nos tememos lo peor”.

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