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Ancert: el nuevo legislador

El pasado día 4 de mayo, nos encontramos en la página de ANCERT con el nuevo manual de uso y novedades en el expediente electrónico de Mayo 2015. Entre las novedades que se han introducido, destaca la relativa a la consulta obligatoria por parte del notario autorizante de la base de datos de titularidad real, en todos los casos en los que intervenga una persona jurídica no excepcionada, y se trate de un documento cuya cuantía supere los 15.000 € o en el que concurra algún factor de riesgo.
En todos estos casos la consulta será de “obligatorio cumplimiento”, de tal manera que el sistema detectará si el notario

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Un Notariado combativo

La reciente jurisprudencia sobre clausulas suelo ha venido a consolidar un nuevo criterio para el control del contenido de las cláusulas predispuestas en contratos con consumidores (y puede que no solo con consumidores): la transparencia. Así, la transparencia de las cláusulas no solo vendrá referida a la fase “control de la incorporación”, en su sentido de legibilidad y comprensibilidad, sino que también puede su falta (la falta de transparencia) determinar la abusividad de la cláusula en cuestión. Tal ocurrirá cuando, de acuerdo con las circunstancias del caso, el consumidor no haya podido hacerse una completa composición de lugar acerca de las consecuencias económicas del contrato, de modo que pueda

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El control ético de la relación jurídica Estado-notario

Nuestro compañero Antonio Longo nos envió como comentario al post del día quince de abril el texto de su ponencia en la mesa redonda “El control ético de la relación jurídica Estado-notario” de las Jornadas Notariales de La Palma celebradas entre los días cinco y ocho del pasado mes de marzo. Dado el gran interés de la misma, los editores hemos considerado más adecuado el publicarla como post.

“Entre el Estado y el Notario, como en general entre el Estado y cualquier funcionario público, existe una relación jurídica, un acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, cuya principal peculiaridad deriva de su misma finalidad: la atención y protección de un interés general, circunstancia que justifica no sólo que su regulación esté predeterminada por una de las partes, el Estado, sino que pueda ser modificada unilateralmente por la misma, sin que la otra, el funcionario, pueda alegar la existencia de derechos adquiridos a su mantenimiento, o exigir responsabilidades derivadas del incumplimiento de eventuales expectativas generadas.

Ello no obstante, no parece que tal facultad de modificación unilateral pueda ser considerada como absolutamente discrecional, puesto que en todo caso debería orientarse a la mejor protección del referido interés general. Del mismo modo, en cualquier análisis que quiera hacerse de los efectos y contenido de esa relación jurídica, y en definitiva de los derechos y deberes inherentes a la función notarial, la prioridad no puede ser otra que intentar confirmar hasta qué punto los mismos, tal como son entendidos y aplicados, resultan conformes al interés general que les sirve de justificación.

Dado que esta circunstancia es aplicable no sólo a la función notarial, sino, como decíamos, a cualquier otra función pública, puede ser útil tomar como referencia lo establecido al respecto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), puesto que si bien su art. 4 ya señala que el EBEP no se aplica a determinados colectivos de funcionarios públicos, como jueces, fiscales, o funcionarios retribuidos por arancel -salvo que así se disponga en su legislación específica-, como tal estatuto básico puede sin embargo considerarse cuando menos como una “guía” de lo que en nuestro derecho se entiende como perfiles definitorios de la posición jurídica del funcionario público en su relación con el Estado, y de los principios éticos que la inspiran.

Los deberes del empleado público (concepto que engloba al funcionario de carrera y al empleado público laboral) vienen recogidos en los arts. 52 a 54 EBEP. El primero de ellos establece una regla general según la cual “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”. A continuación, la norma hace referencia a una serie de principios éticos y de conducta que se desarrollan en los artículos siguientes. Entre ellos, la doctrina suele considerar como paradigma el principio de integridad, que para SÁNCHEZ MORÓN exige “evitar todas aquellas conductas activas o pasivas que puedan suponer un beneficio ilícito para el empleado público o sus allegados, en detrimento del servicio, de los intereses generales y de los recursos y bienes de la Administración”. Por lo que se refiere a los derechos, dado que nos interesa en último término atender a los perfiles del estatuto del funcionario público en tanto en cuanto resulten aplicables -o similares a los aplicables- al Notario, y huyendo de toda pretensión de exhaustividad, nos referiremos únicamente a dos de los diecisiete “derechos individuales” recogidos en el art. 14 del EBEP, los relativos al “desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional” (art. 14 b) y “a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio” (art. 14 d).

El desempeño de sus funciones aparece por tanto no sólo como lógico deber del funcionario sino también como uno de sus derechos. Cabe entender así que, en el caso del Notario, la Administración debe exigir, pero también permitir, que éste desempeñe de forma efectiva su función, que, en una definición sencilla adaptada a lo previsto en la legislación notarial, no es otra que la de proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos, mediante el asesoramiento a los mismos y el control de legalidad en sus relaciones jurídicas.

A partir de ahí podemos preguntarnos cómo se presenta a día de hoy el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes por el notario. Decíamos antes que cualquier reflexión al respecto debe estar presidida por la atención prioritaria al interés general, y asumir que éste es cambiante, por lo que, más allá de rígidas formulaciones legales, estamos, en la mayor parte de los casos, ante principios que habrán de ser interpretados de acuerdo con las circunstancias de cada momento. Intentando cumplir con esta premisa, retomemos la pregunta: ¿resulta satisfactorio a día de hoy el grado de ejercicio por el Notario de sus derechos al desempeño efectivo de sus funciones y a percibir las retribuciones que le corresponden?

Sabemos que una de las preocupaciones más extendidas entre los Notarios es hoy la acumulación de obligaciones de índole burocrático-informativa impuestas por la Administración, que lleva a algunos a considerar que se está desnaturalizando la función misma. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, como consecuencia derivada de esa mutabilidad del interés general, del propio EBEP (art. 73.2) resulta que el derecho al desempeño efectivo de sus funciones no es incompatible con la asignación de otras funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeña el funcionario, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, y sin merma de las retribuciones.

De acuerdo con estas referencias podríamos deducir, en primer lugar, que la atribución al Notario de determinadas tareas adicionales a las propias de su función estará justificada si así lo demanda el interés general (al que, entiendo, acaba por dirigirnos esa más específica referencia a “las necesidades del servicio” que hace el EBEP); en segundo lugar, que dicha atribución de tareas no debe impedir el desempeño efectivo por el Notario de sus funciones propias, ni la percepción de las retribuciones adecuadas. No se trata sin embargo de consideraciones autónomas, sino, por el contrario, inescindiblemente unidas: no se estará protegiendo el interés general si no se respetan los citados derechos, cuyo reconocimiento no tiene otro fundamento que ese mismo interés general que se trata de proteger. Es necesario por tanto que el análisis del derecho a la retribución se enmarque en el contexto adecuado, porque, como recuerda SÁNCHEZ MORÓN, su reconocimiento “no descansa exclusivamente en la aplicación de valores jurídicos universales, sino en razones de eficacia e interés público: cuando las retribuciones no son apropiadas las disfunciones están comprobadas, e incluyen desde la reducción de la motivación y el grado de compromiso hasta la fuga de cerebros o la corrupción”.

Pues bien, creo que en el notariado español, o en una parte importante del mismo, se ha instalado actualmente el convencimiento de que la actual política del Estado de atribuir al Notario una acumulación de tareas adicionales, ajenas su originaria función legal, está poniendo en peligro el desempeño efectivo de ésta, y que ello, por sí mismo, resulta contrario al interés general. Añadir que se trata de tareas no retribuidas, o inadecuadamente retribuidas, no es una cuestión menor en el fundamento de dicha conclusión, pero tampoco constituye su elemento principal. Porque la perceptible reducción de la motivación (que no del grado de compromiso), como también la cierta o posible fuga de cerebros (atiéndase al incremento de las jubilaciones anticipadas y a la reducción del número de opositores) que sufre el notariado no tienen causa exclusivamente económica, sino que son efecto de la enorme dificultad de ejercer adecuadamente nuestra profesión, más aún en un marco legislativo y jurisprudencial tan exigente como el actual. Dificultad a la que contribuye de modo muy directo esa exhaustiva acumulación de tareas no retribuidas.

Sintetizando: la oficina notarial no puede asumir, sin deterioro del servicio que presta, tareas que implican un constante incremento de los medios personales y materiales que no está en condiciones de incorporar. Como tampoco el Notario debe verse obligado a asumir responsabilidades burocráticas que le impidan ofrecer al ciudadano lo que según la ley tiene éste derecho a exigir, o que no le permitan atender a la imprescindible formación continuada que el desempeño de su función demanda de modo inexcusable.

Por lo demás, cuando el art. 1 LN establece que el Notario “da fe conforme a las leyes”, ello implica, en palabras de PEDRO ÁVILA, “la obligación general de creer en la celebración de un contrato en los términos en que se narra”. Y no parece muy acorde con esa obligación que el propio Estado imponga para ello requisitos como el de la “firma manuscrita” en las escrituras de préstamos hipotecarios. Como desde luego, tampoco facilita el desempeño efectivo de la función notarial que hayan transcurrido más de trece años y aún no se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales que deben permitir el acceso del Notario a los libros del Registro.

Sin embargo, hay que preguntarse también acerca del cumplimiento por el notario de sus deberes. Por referirnos a una cuestión recurrente, ¿hasta qué punto es objetivamente compatible la acumulación de instrumentos autorizados con ese desempeño efectivo de la función notarial? Es una cuestión que no obstante haber sido contestada incluso por los Tribunales no parece generar la intención de abrir un verdadero debate que permita la búsqueda de una respuesta práctica razonable.

Si atendemos, por lo demás, a qué se pueden considerar conductas ajustadas o no al principio de integridad, surgen muchas otras cuestiones. Pero también aquí hay que ser prudente antes de dar cualquier respuesta, porque el de integridad es un concepto cambiante, que tradicionalmente se asociaba a las ideas de independencia y neutralidad frente a la clase política y al objetivo de garantizar primordialmente la seguridad jurídica, mientras que ya en las dos últimas décadas del siglo XX, con la incorporación de fuerzas de mercado a la producción de los servicios públicos, pasa a incluir otros valores, fundamentalmente los de las tres “e”: eficacia, economía y eficiencia. Integridad, sí, pero sometida a la necesidad de conseguir grados superiores de productividad. Una frase ilustra, con provocación, esta línea de pensamiento: “sólo hay una cosa peor que una burocracia lenta, anacrónica y deshonesta; es una burocracia lenta, anacrónica y honesta”.

Cualquier concepción del principio de integridad que desvincule el mismo de las ideas de neutralidad e independencia no sería, sin embargo, sino una desvirtuación de aquél. Otra cosa es que la neutralidad y la independencia deban ahora procurarse no tanto frente al poder político como frente al poder económico. En este sentido, el EBEP señala como algunas de las manifestaciones del principio de integridad los deberes de abstenerse en todo asunto en que exista un interés personal y en actividades o negocios jurídicos que pudieran suponer un conflicto de intereses con el desempeño de la función pública.

A la vista de lo cual podríamos plantearnos: ¿se ve afectada la integridad del Notario cuando la autorización de instrumentos otorgados por una determinada entidad financiera se percibe asociada a la relación comercial del Notario con la misma?; ¿es razonable, desde este punto de vista, que el Notario forme parte del órgano de administración de una de dichas entidades?; ¿podemos asegurar que en ningún caso el volumen de la contratación autorizada resulta inversamente proporcional al grado de escrupulosidad en el cumplimiento de incómodos requisitos reglamentarios? La doctrina acostumbra a asociar el principio de integridad al más genérico de honestidad, y así lo hace también el propio EBEP. Honestidad, competencia y responsabilidad son los deberes éticos fundamentales del profesional, según JULIO DE ZAN, que alude a la distinción que hacía McINTYRE entre los bienes internos a una práctica profesional, a los que se orienta su finalidad social, y los bienes externos, como los intereses personales o motivaciones subjetivas. Los bienes internos son comunes, y benefician a todos, a los destinatarios del servicio y al propio cuerpo profesional; la eventual competencia por el logro de los mismos, cuando se da, tiene por objeto la excelencia profesional. Los bienes externos (dinero, poder…) son en cambio de apropiación individual, y objeto de una competencia en la que hay perdedores y ganadores. Pues bien, la honestidad profesional, nos dice este autor, es el resultado de haber asumido como un interés propio los bienes internos de una práctica, y es incompatible con cualquier actuación en la que los bienes externos constituyan el fin principal. Degradar el bien interno a la categoría de un mero medio subordinado a los intereses de beneficio individual produce lo que De Zan denomina corrupción sustancial, en sentido moral, de la actividad profesional. Algo parecido se produciría si el Notario, más allá de sus legítimas aspiraciones a una remuneración acorde con el grado efectivo de desempeño de su función, pretendiera patrimonializar la fe pública, convertirla en negocio, por ejemplo comerciando con otro en relación a un teórico “fondo de comercio”, incluso como garantía de un complemento para después de la jubilación. Dice DE ZAN que esa suerte de inversión de los fines de la actividad lleva a que la misma, y quienes en ella cooperan, acaben perdiendo su legitimidad social, y, con ella, toda su credibilidad.

La conclusión de todo lo anterior es que el adecuado desempeño de la función requiere la asunción de unos deberes éticos que trasciende al mero reflejo legal de éstos. Se habla, en síntesis, de un clima ético en el que los miembros de una organización perciban la existencia de unos determinados patrones normativos con un grado suficiente de consenso. ¿Cómo se consigue semejante objetivo, mediante la coerción o mediante la motivación? LONGO y ALBAREDA nos dicen que la tendencia es a compatibilizar ambos sistemas, a través de lo que la doctrina ha dado en llamar la “infraestructura ética”, un concepto acuñado por la OCDE en 1996, y que integra tres tipos de mecanismos: de control, de orientación y de gestión. Los mecanismos de control buscan establecer un marco legislativo del cual derive la obligación de rendir cuentas, focalizando así la atención en lo que no se debe hacer. Constituyen lo que la doctrina denomina la “ruta fácil”. Junto a ellos, los mecanismos de orientación y gestión se enmarcan en la “ruta difícil”, y, a diferencia de los de control, buscan fomentar lo que es deseable, mediante procesos de formación y de socialización, y tienen como uno de sus principales ejemplos los llamados códigos de conducta, que se tratan en otra ponencia de estas mismas Jornadas. Sólo diré en relación a los mismos, y para finalizar, que, como nos señalan los citados autores, aunque los códigos de conducta se presenten con una finalidad primordialmente de formación, para que sean efectivos han de ir asociados a un sistema de control y sanción que responda a un diseño realista y que se implemente de manera efectiva y adecuada, en una combinación de “ruta difícil” con “ruta fácil”. Es el caso de EBEP, en el que el régimen sancionador incluido en el autodenominado “código de conducta” da a los principios recogidos el carácter de verdaderos deberes jurídicos (SÁNCHEZ MORÓN).

Estas ideas parecen perfectamente trasladables al ámbito notarial. El recto ejercicio de la función exige la interiorización de unos valores y estándares asociados a la protección del interés general encomendado, y a ello debe contribuir tanto la ejemplaridad de cada uno de los integrantes del notariado como las adecuadas labores de formación y socialización, no sólo de los Notarios, sino también de sus empleados. Pero la interiorización resulta al mismo tiempo más sencilla si existen unos mecanismos eficaces de control y sanción de la conducta no ajustada a dichos estándares. La OCDE destaca en este sentido que la certeza del castigo es mucho más efectiva que su presunta severidad.

Para concluir con la exposición, creo que puede defenderse la necesidad de una reflexión acerca del estado actual de la relación jurídica Estado-Notario. El Estado debe valorar qué es lo que la sociedad pide al Notario, y si el estatuto jurídico del que se le dota garantiza adecuadamente la finalidad perseguida. Y el notariado debe, en cualquier caso, analizar el cumplimiento de sus deberes con unos criterios éticos que incluyan la ejemplaridad, formación, exigibilidad y exigencia efectiva, terrenos en los que queda sin duda mucho camino por delante, y quizá no tanto tiempo para recorrerlo”

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Consulta a la Dirección General sobre la solicitud masiva de copias por el OCP

Hace unas semanas nuestro coeditor Luis Bustillo trataba en este mismo blog, en el post que puede verse aquí, la cuestión de las solicitudes masivas de copias para la mejora de la Base de Datos de Titulares Reales (BDTR) que los notarios venimos recibiendo desde el pasado mes de febrero.
A lo largo del mes de febrero, diversos Decanos remitieron a sus colegiados escritos muy similares exponiéndonos cómo, para poder obtener de la manera más rápida posible el mejor contenido de la BDTR, el Consejo General del Notariado había aprobado en su sesión plenaria del día 24 de enero un sistema por el que se nos solicitaría por el Órgano

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El decálogo del macro

Joaquín Costa describía en 1893 las prácticas de los que denominaba “notarios alforjeros”, “ubiquistas” o “polimorfos” en los siguientes términos: “¿quién es tu enemigo? el de tu oficio, dice el refrán; pero el panadero, el albañil, el médico, no hacen a los de su oficio una guerra tan desleal, tan cruel y tan degradante como la que el notario hace al notario… se desacreditarán unos a otros los notarios; rondarán las casas de los moribundos, como los heredípetas de la antigua roma; pregonarán rebajas en las ferias para su mercancía como histriones; ofrecerán premios y participaciones; harán corro en los casinos; fingirán piedad en las sacristías; diputarán ganchos; relajarán

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El cambiazo

 
Últimamente, los notarios lectores de este blog que hayan remitido copias telemáticamente por el sistema SIGNO a cualquier Registro de la Propiedad o Mercantil, puede que se hayan percatado de una cierta ralentización del sistema, cuando se une la copia en formato PDF al expediente, para su envío a la bandeja de firmas.
No es que SIGNO se caracterice por ser muy rápido, pero es que, desde mediados del mes de enero de 2015, la aplicación es todavía más lenta que de costumbre cuando realizamos este trámite.
Normalmente, no le hubiera dedicado más atención, y de hecho no lo hice, hasta que alguien llamó mi atención sobre la calidad

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¿Legalización de libros o depósito de todos nuestros datos?

El día 16 de febrero de este año se ha publicado en el BOE la Instrucción de 12 de febrero de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre legalización de los libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización. En este último precepto se establece que todos los libros que obligatoriamente deban llevar los empresarios con arreglo a las disposiciones legales aplicables, incluidos los libros de actas de juntas y demás órganos colegiados, o los libros registros de socios y de acciones nominativas, se legalizarán telemáticamente en

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La estrategia del Decano Ollé para el Notariado

Naes iste magno conatu magnas nugas dixerit
Terencio. Heautontimorúmenos

Ya está publicado el último número de La Notaría, órgano de expresión del Col.legi de Notaris de Catalunya. Aparte de los estudios técnico-jurídicos y análisis jurisprudenciales que son habituales, contiene un extenso artículo del Decano de Cataluña, Don Joan Carles Ollé i Favaro, titulado Bases para un plan estratégico del CGN en el periodo 2015-2016.  Desde luego, para quien, como observador, ha llegado a la conclusión de que las controversias y disputas en el seno del Consejo no obedecen a cuestiones sustantivas o de fondo sino a luchas de egos e intereses personales, un documento con este título no puede

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El costoso nacimiento de un nuevo Registro Civil

Agradeciendo la reiterada amabilidad de mis compañeros, los editores de este blog, voy a utilizar el espacio que me ceden para ocuparme de una cuestión no menor, según creo, de entre las que afligen a nuestra profesión, reconociendo que, a día de hoy y no por voluntad propia, nos movemos en buena medida en el terreno de la conjetura.
Se trataría de saludar el próximo alumbramiento de un renacido Registro Civil, aunque no haya sido empresa fácil y sea dudoso que vaya a ser del todo una buena nueva.
He de reconocer que el tema lo había seguido más bien a distancia. No es que dejara de valorar momentos

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Solicitudes masivas de copias por el OCP

 
En las últimas semanas, los decanos de los colegios notariales se han dirigido a sus colegiados comunicándoles la apertura de un proceso de solicitud de copias simples de escrituras que puedan incidir en la titularidad real, en términos tales como los que siguen:
…para poder obtener de la manera más rápida posible el mejor contenido de dicha base de datos, el Consejo, en su sesión plenaria de 24 de enero ha aprobado como medida urgente un sistema por el que se os solicitará por OCP copia simple electrónica de aquellas escrituras que incidan en la titularidad real para que con base en ellas y evitando de esa manera

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Las Leyes del Castillo

Dice Carles Casajuana, diplomático de profesión (y durante una etapa, también asesor del Gobierno), en el prólogo a su libro recientemente publicado “Las Leyes del Castillo” , que la proximidad del poder siempre le ha apasionado, intrigado y desconcertado. Y por ello, en el día a día de su trabajo ha ido tomando notas, recogiendo citas y reflexiones personales “sobre el poder y su ecología, sobre el medio en que se ejerce y la fauna y flora que proliferan en él” para relativizar y no perder de vista la nimiedad de sus cuitas diarias. Y en esas notas está el origen del libro.
Casajuana habla del Poder de verdad, con mayúscula, el

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¿Se acabó el secreto de protocolo para las transmisiones de acciones y participaciones de sociedades?

En la reseña publicada en el SIC de los acuerdos del pleno del Consejo General del Notariado (CGN) del 24 de enero de 2015, vemos que, entre dimisiones, mociones de confianza y quítate tú que me pongo yo (claro que esto no lo cuenta el SIC, pero podéis leerlo en este blog aquí) el Pleno acordó “Aprobar un modelo orientativo de requerimiento a los notarios para el envío de copias simples electrónicas, dentro del plan de mejora de la calidad de la base de datos de titular real, y encomendar a cada Colegio la redacción de la comunicación dirigida a sus colegiados, sobre la base del modelo aprobado”.

En

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¿Por qué nos disgustan tanto las luchas internas del Consejo?

La semana pasada dábamos cuenta de la enésima trifulca interna del Consejo, resuelta finalmente de manera silenciosa y sin sangre, al menos aparentemente. Pero, a pesar de que esa solución haya sido  incruenta, creo que conviene analizar, como haría un buen mediador –profesión en alza- qué sentimientos nos suscita eso a los colegiados -en mi caso, disgusto- y en qué medida esos sentimientos están justificados.
Evidentemente, el CGN es muy libre de acordar su organización como tenga por conveniente pues se trata de una corporación de Derecho Público (336 RN), que funciona “en pleno, comisión permanente y por medio de la actuación de su presidente, que ostenta la representación legal

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Flash informativo: vuelven las peleas al CGN

Nos han llegado noticias de una nueva escaramuza en la ya larga batalla que se libra en el seno del Consejo General del Notariado. Esta nueva crisis tiene su origen en la introducción, al parecer sin aviso previo el día anterior al pleno, y a solicitud del Decano de Canarias Alfonso Cavallé, de un nuevo punto en el orden del día del Pleno del CGN del pasado sábado 24 de enero, por el que se solicitaba que se acordara: quitar al Presidente del CGN sus atribuciones en materia Internacional y nombrar a la Decana de Castilla la Mancha Palmira Delgado, como Delegada de la Sección Internacional del CGN.
La

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Fusiones bancarias: su constancia registral

Desde que se inició la crisis el sistema bancario español se encuentra inmerso en una continua restructuración. Resumiendo en una frase: “O como (absorbo) o me comen (absorben)”. Aun no hemos acabado el primer mes del año y, los periódicos nos han sorprendido con la primera fusión bancaria del 2015, el día 2 de enero Caixabank compró parte del negocio de Barclays.
Teníamos cuenta con Banesto y a golpe de telediario nos vemos negociando comisiones con el Banco Santander. Igual se puede decir de la CAM hoy Banco Sabadell, Banco de Valencia hoy Caixabank, Banco de Andalucía hoy Banco Popular, y como no, Caja Madrid y Bancaja –junto a

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Artículo en el País de Fernando Gomá: “Deconstruyendo al Notario”

Hace unos meses, nuestro compañero Fernando Gomá Lanzón publicó en el diario EL País un artículo sobre la figura del notario que, por su interés, merece ser conservado en los archivos del blog y reproducido en él:
“¿Para qué necesito ir al notario, si lo único que hace es dar fe de lo que yo hago y firmar después? Esta afirmación, u otras similares, suelen aparecer cuando se critica el trabajo del notario. Cuando me la hacen a mí, frecuentemente contesto que no solamente no es cierta, sino que, además, probablemente no la cree quien la ha hecho.
Vamos a comprobarlo con un ejemplo algo extremo. Imaginemos que usted, amable lector de este artículo, acude a un notario para adquirir un inmueble, firma la escritura correspondiente, y a cabo de un tiempo se entera de que el representante de la sociedad vendedora no tenía legitimación para vender, que el inmueble tenía un embargo que usted desconocía, y que además usted ha pagado el precio metálico en una cantidad que excede de la permitida por la ley, por lo que va a ser objeto de una sanción por parte de Hacienda. Un desastre, en definitiva. Lógicamente, usted acudirá a ese notario a pedirle explicaciones. Pero el notario le responde que la culpa es exclusivamente de usted, porque él se ha limitado a dar fe de lo que ustedes le decían, de modo que se lava las manos, le advierte de que debe asumir las consecuencias y le aconseja que tenga más cuidado la próxima vez.
¿Admitiría usted una respuesta de este tenor y se reprocharía a sí mismo por no haber indicado mejor al notario aquello de lo que debía dar fe? Tengo la completa seguridad de que la respuesta es negativa, y es muy razonable que así sea. Y, sin embargo, ésta sería la única contestación coherente con la afirmación expuesta al principio: si el notario se limita a dar fe y firmar, no le pida otra cosa cuando han surgido problemas. No obstante, todos esperamos mucho más cuando acudimos a él, y por eso en realidad nadie cree en esa afirmación.
Cuando se otorga ante notario un negocio, sea cual sea, una compraventa, un testamento, una hipoteca o una fusión de sociedades, lo que se espera es que éste compruebe y se asegure de que todo está bien. En general. Eso incluye, en primer lugar, que el negocio en cuestión cumpla todos los requisitos legales, sean civiles, administrativos, mercantiles, fiscales o de cualquier otra naturaleza aplicables al caso, tarea cada vez más ardua dada la velocidad con la que se legisla en la actualidad, solamente equiparable a la mala calidad técnica de las leyes que se publican. Y también se espera del notario un cierto consejo o asesoramiento sobre si el negocio pretendido es el más conveniente para los intereses del cliente, frente a otras posibilidades (por ejemplo, si hacer testamento repartiendo los bienes es mejor o peor que hacer donaciones en vida).  En definitiva, se espera de él que controle la legalidad, que exija toda la documentación que sea necesaria o conveniente, que aconseje, oriente e informe, y que finalmente redacte el clausulado del negocio. Y, por cierto, también que dé fe de todo ello.
Los principales documentos notariales son las escrituras y las actas. Son documentos públicos, lo que quiere decir que tienen efectos muy potentes, porque así lo determina el legislador. Desde el punto de vista jurídico, son súperdocumentos. Uno de esos efectos tan especiales es, precisamente, que su contenido está amparado por la fe pública, de modo que si en una escritura o un acta consta que algo se ha dicho o se ha otorgado, a los efectos legales es así, y nadie lo va a discutir.  La fe pública hace sencillas cosas que son bastante complicadas. Un ejemplo bastante frecuente: voy a derribar una casa antigua que tiene una ventana a la casa de al lado, en la nueva casa pondré de nuevo la ventana y quiero demostrar que esa ventana existía previamente, por si años después me demanda el vecino para que la cierre. Pues bien, basta con que se hagan fotos de la ventana antigua y el notario dé fe del día en que se hicieron. Nadie discutirá en el futuro que ese día y a esa hora, esa ventana existía.
Una labor poco conocida del notario pero que es muy apreciada y hasta admirada en los países anglosajones es la de archivero. Todos los documentos que salen de la notaría son copias, los originales quedan protocolizados, es decir, encuadernados en esos gruesos tomos que se pueden ver en cualquier notaría, preparados para que cualquier interesado  pueda pedir una copia del mismo, días, meses, años o incluso décadas después de haberse firmado, sin haberse preocupado de conservarlo durante todo este tiempo y sin haber pagado nada por esa conservación. Otro ejemplo: una persona me solicitó en la notaría una copia del testamento de su abuelo y de una compraventa que había otorgado éste, ambas del año…1955.  Dos horas después, se las llevaba con un coste total que no fue superior a 100 euros. Ahora pidan a la administración o a un juzgado una copia de un documento de hace tres años, y comparen.
Más allá de tópicos, el notario es una profesión realmente útil y eficaz. No obstante, si la enorme crisis económica de los últimos años nos ha mostrado que algo hemos debido hacer todos mal, y es necesaria no solamente la crítica, sino, e incluso más, la adecuada autocrítica. En todo caso, hay que situar los acontecimientos en perspectiva, a la hora de analizar los comportamientos no solamente de los notarios, sino de todos los que han tenido alguna parte o algún papel durante los años de la burbuja inmobiliaria. Ahora mismo, la actualidad absoluta la tienen conceptos como transparencia, consumidor, cláusulas abusivas, protección en la ejecución hipotecaria, limitaciones al banco, etc. Sin embargo, recordemos cómo era la situación hace por ejemplo 8 o 10 años: inmuebles que se compraban y se vendían al poco tiempo con plusvalías increíbles (o incluso que simplemente se marcaban y se “daba el pase” al comprador final del promotor), gente haciendo cola frente a la caseta de la promotora para señalizar pisos, personas que sin ser expertas en el tema se dedicaban a promover y vender, compras de varias plazas de garaje para alquilarlas o venderlas pero sin necesidad real de ellas, hipotecas con intereses bajísimos en las que se decía al cliente que pidiera más “para amueblar la casa”, suelos rústicos que al ser recalificados eran las Minas del Rey Salomón para su afortunado propietario, ningún ahorro dinerario porque el verdadero ahorro era el inmobiliario aunque hubiera que endeudarse…En esa época desquiciada desde luego que podría haberse incidido más en cuestiones de información y transparencia, de garantías y límites, pero me temo que todo el mundo estaba “a otra cosa”: aquí había dinero a espuertas y oportunidades que no se podían dejar escapar, dado que el ladrillo nunca iba a dejar de subir, según se decía.
Una última cuestión: ahora que se habla tanto de recortar los gastos de la administración, hay que recordar que es más costoso para el erario público cualquier Observatorio, por minúsculo que sea, de cualquier autonomía, que los 3000 notarios, sus oficinas, sus locales, su mobiliario y sus 25000 empleados. Porque todos ellos tienen un presupuesto con cargo a las arcas públicas muy ajustado: cero euros. Toda la estructura notarial, así como la conservación de los protocolos a lo largo de los años se financia a través del arancel, y nada a través del Estado ni de los impuestos del contribuyente”

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Crónica de Francisco Mariño sobre el curso organizado por el CGN en la UIMP: tutela del consumidor (II)

Como anunciamos en nuestro post de 8 de enero, por su interés publicamos hoy la crónica redactada por nuestro compañero Francisco Mariño Pardo, y aparecida en su blog Iuris Prudente, sobre la segunda jornada del curso organizado en la UIMP por el Consejo General del Notariado sobre tutela del consumidor.
Recomendamos su lectura. Como afirma el autor, “lo mejor está por llegar”:
“Aquí vuelvo, por si alguien me esperaba, con mi crónica de la segunda jornada del encuentro sobre tutela del consumidor organizado por el Consejo General del Notariado en la UIMP.
 La jornada comenzaba a primera hora de mañana, con la intervención del Presidente de la Audiencia Nacional,

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Crónica de Francisco Mariño sobre el curso organizado por el CGN en la UIMP: tutela del consumidor (I)

Nuestro compañero Francisco Mariño Pardo nos ha autorizado a publicar la interesante e instructiva crónica aparecida en su propio blog Iuris Prudente que narra la primera jornada del curso de la UIMP relativa a la tutela del consumidor y que ha sido organizado por el Consejo General del Notariado. Los destacados en negrita son nuestros. Próximamente publicaremos la crónica de la segunda jornada. Merece la pena:

“Este año, como he venido haciendo los últimos, he aprovechado el curso que anualmente organiza el Consejo General del Notariado enla Universidad Internacional Menéndez Pelayo como excusa perfecta para pasar (en la mejor de las compañías) unos días en Santander, ciudad que, aunque obviamente no necesite de mi promoción, recomiendo a todo el mundo.Read More

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Usureros

 
Hace unas semanas fue noticia el desahucio de una anciana en Vallecas como consecuencia de la ejecución de la hipoteca que garantizaba un préstamo que su hijo había pedido a un prestamista particular. Para constituir dicha hipoteca, el hijo había utilizado un poder general que le había conferido su madre. Ambos negocios, apoderamiento y préstamo hipotecario, se otorgaron, como no puede ser de otra manera, ante Notario.
En relación con este tipo de operaciones, los préstamos entre particulares, siendo el prestamista una persona que más o menos profesionalmente se dedica a las mismas, he escuchado a muchos compañeros algo como lo que sigue: “yo les pongo trabas, hago

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El Simposio Notarial 2015 continúa sus trabajos

Como todos vosotros, hemos recibido en nuestros correos la carta que remitió la Comisión Organizadora del Simposio Notarial 2015, en la que se reseña la celebración de una reunión preparatoria a la que asistieron Notarios de todas las edades y de todas las procedencias. Algunos han desempeñado las más elevadas responsabilidades corporativas, otros nunca han ocupado cargo alguno. Sin duda, la diversidad de perfiles de los asistentes, viene a confirmar lo que, ya desde la convocatoria de las Jornadas de Málaga, proclamaron los organizadores de las mismas, que éste es un proceso participativo, abierto a todos, sin exclusiones , para reflexionar colectivamente sobre el presente y el futuro de esta

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Flash informativo: la DGRN tumba el recurso del Decano de Navarra contra los acuerdos de la Mutualidad Notarial

Es poco habitual que desde este blog podamos dar buenas noticias, pero hoy tenemos una: la Dirección General de los Registros y del Notariado, mediante resolución de fecha 28 de noviembre de 2014 ha resuelto el recurso de alzada interpuesto por el actual Decano del Colegio Notarial de Navarra Don Felipe Pou Ampuero, contra los acuerdos adoptados por la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial celebrada el pasado 15 de julio de 2014.  (ver resolución aquí)
Como mencionamos en nuestro post UNO DE LOS NUESTROS (Qué está pasando en la Mutualidad Notarial), publicado el pasado 16 de octubre, la impugnación se basaba en dos motivos: Uno de forma,

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Firma Electrónica: ¿dónde estamos?

Cuando en el verano del 2002, el Consejo General del Notariado estudiaba la propuesta de crear el Instituto Notarial para las Tecnologías de Información – INTI (convertido posteriormente en la Agencia Notarial de Certificación – ANCERT), uno de los factores  más importantes que influyó en la decisión de crearlo fue la Ley 24/2001 del 27 de diciembre.
A partir del 1 de Enero del 2002,  todos los notarios tenían que disponer de firma electrónica reconocida y lo que se hacía evidente, es que un despliegue tan importante no se podía dejar en manos de terceros, incluso si se trataba de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Recordemos que

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Cancelaciones y pólizas desdobladas: un fraude al ciudadano y un problema para el notariado

I.- EL CIUDADANO, LA CONTRATACIÓN BANCARIA Y LA INTERVENCIÓN NOTARIAL.
La asimetría en las relaciones de las entidades de crédito con sus “clientes” es atenuada en buena medida por la asistencia notarial. En este ámbito, además de la estricta función fedataria se debe desplegar con una mayor intensidad la labor de asesoramiento que nos incumbe; de manera que dentro de los márgenes que hoy nos concede la legislación, al menos el cliente reciba una información asequible, fiable y completa. Paradójicamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008 sobre nuestro Reglamento Notarial mutiló en buena medida la atribución de competencias que hubieran podido hacer más

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El notario y el derecho societario

Varias veces he escuchado que el papel del Notario en el ámbito societario es prescindible. La mayor parte de sus actuaciones -se dice- implican únicamente la elevación a público de documentos privados, y la intervención notarial es un trámite perfectamente soslayable, pues la publicidad de los actos mercantiles podría lograrse perfectamente mediante la presentación de documentos privados, o aún de formularios, en el Registro Mercantil.
Tal tendencia a la estandarización parece ser la tónica, y aún lo será más. Los estatutos tipo que se impusieron para las llamadas “sociedades express” (de factura manifiestamente mejorable, por demás), son una muestra de ello. Y la Disposición Adicional décima de la llamada

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El decálogo del buen Decano

Como supongo que le ocurre a la mayoría de los que inician su andadura profesional como notarios, cuando a finales de 1997 comencé a desempeñar el cargo en mi primer destino, un pequeño pueblo en la ribera del mediterráneo, las cuestiones de política corporativa me resultaban muy remotas: dedicaba todo mi tiempo a, por una parte, familiarizarme con la tarea de subsumir el derecho que había aprendido en los concretos problemas de las personas de carne y hueso que entraban por la puerta de mi despacho; y por otra, a aprender lo que la oposición no enseña, esto es, a gestionar una empresa, que es lo que (también) son

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ANCERT: o democracia o competencia

Me acuerdo que hace unos cuantos años tuve que preparar para las restringidas un tema de empresas municipales y que ya en aquella época me extrañaba y me parecía raro que los Ayuntamientos pudieran usar sociedades mercantiles para realizar actividades propias del Ayuntamiento. La cosa era que de esta manera las corporaciones públicas podían desembarazarse del molesto Derecho administrativo y acogerse al más flexible y dinámico Derecho Mercantil. Probablemente de aquellos polvos vienen parte de los lodos que tenemos ahora en el mundo inmobiliario y en la corrupción todavía rampante en el mundo urbanístico local.
Y me viene a la cabeza estas empresas cuando pienso en nuestra poderosa Agencia

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Concurso notarial en Cataluña: ¿Defenderá el CGN la unidad del Notariado?

El Boletín Oficial del Estado del pasado día 22 de octubre publicó una orden del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña por la que se dispone el aplazamiento de la efectividad de la demarcación notarial en cuanto a un total de treinta y ocho notarías que figuran en el texto de la propia Orden. Todas ellas incluidas en el Proyecto frustrado de demarcación notarial (que abarcaba sesenta y nueve) al que por otra parte se hace referencia en la citada disposición como justificativa de tal aplazamiento, al decir: “Además, hay que poner de manifiesto que en estos momentos está en trámite la revisión de la demarcación notarial de

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Elección directa. Si, pero…

Uno de los temas estrella del debate notarial en los últimos años es el de la organización corporativa, que sin duda ha de ocupar las sesiones del próximo Congreso. Y el foco de la discusión se ha localizado en el sistema de elección del Presidente del Consejo, siendo mayoritaria la opinión favorable a que ésta tenga lugar por sufragio universal y directo de todos los Notarios. Como coadyuvantes, debates acerca de la necesidad de que el equipo del Presidente, que se ocupe de la gestión ordinaria, se independice en cierto modo del Consejo; el papel de los Colegios; la función censora o supervisora del Pleno del Consejo, etc.
En

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Post de nuestro coeditor Ignacio Gomá en ¿Hay Derecho?: Dimisiones en la DGRN: ¿el regulador liberado?

Por su interés, reproducimos el post que hoy mismo ha publicado en el blog ¿Hay Derecho?, nuestro coeditor Ignacio Gomá, con motivo de la dimisión del Director General y varios de sus colaboradores. Es el siguiente:
……..
Ya ha aparecido en la prensa la dimisión del director general de los Registros y del Notariado. La noticia podría ser la lógica consecuencia del cambio de ministro, pero quizá va más allá. Como en el propio texto de la noticia se indica, la dimisión de Joaquín Rodríguez, extensiva al subdirector, Javier Vallejo, y a los registradores que estaban en comisión de servicios como letrados de la DGRN es consecuencia de los cambios

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El Factor Humano

¿Habría tenido lugar la Revolución Francesa si le hubieran hecho la fimosis a tiempo a Luis XVI? ¿O la Segunda Guerra Mundial si Hitler hubiese superado alguno de sus dos intentos de ser admitido en la Academia de Bellas Artes de Viena?
¿Hay unas fuerzas motrices y unos condicionantes –geográficos, económicos, demográficos- que determinan el devenir de la Historia? ¿O por el contrario, y como decía Carlyle, la historia del mundo no es sino la biografía de sus protagonistas? ¿O bien, sin llegar a una contraposición tan tajante, los concretos personajes constituyen una “gran variable” que no se puede soslayar en el estudio histórico?
La demoledora crisis económica que

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