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Sobre la nueva aplicación de ANCERT: el “Informe de Actividad del Fallecido”

La pasada semana se puso en funcionamiento una nueva utilidad en SIGNO llamada “Informe de Actividad del Fallecido”. Mediante el pago de diez euros, cualquier Notario, utilizando su tarjeta FEREN, puede, simplemente introduciendo el DNI de una persona, conocer todas las escrituras actas y pólizas que ésta ha otorgado desde el año 2008.

Al realizar una consulta desde dicha aplicación, se puede constatar que:

– La aplicación permite conocer los instrumentos otorgados por  cualquier persona, y por tanto referirse la consulta a personas aún vivas.

– Aparece cualquier instrumento otorgado por la persona respecto de quien se consulta, incluidos los testamentos.

– Aparecen operaciones que están fenecidas (préstamos pagados, avales cancelados).

– Puesto que sólo se recogen los instrumentos otorgados desde el año 2008, la información que se proporciona es incompleta.

No consta, por otra parte, que esta nueva aplicación se haya creado por acuerdo del Consejo General del Notariado. Y de existir tal acuerdo, y no encontrarnos por tanto ante una iniciativa unilateral de ANCERT, la Agencia Notarial de Certificación, se desconocen los términos del mismo y la medida en que ANCERT pueda estar actuando más allá de lo acordado por el Consejo.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la nueva aplicación suscita las siguientes consideraciones:

Primera.-  La aplicación toma los datos del Índice Único Informatizado. De acuerdo con el artículo 17.3 de la Ley del Notariado “corresponderá al Consejo General del Notariado proporcionar información estadística en el ámbito de su competencia, así como suministrar cuanta información del índice sea precisa a las Administraciones públicas que, conforme a la Ley, puedan acceder a su contenido“; y de acuerdo con el artículo 286 del Reglamento Notarial, “se habilita al Consejo General del Notariado a que trate el índice único informatizado a los efectos de la remisión de la información de que se trate a las autoridades judiciales y Administraciones públicas que conforme a la Ley tengan derecho a ello. En todo caso, el Consejo General del Notariado podrá acceder a esa información a efectos estadísticos”. Es decir, solo las Administraciones Públicas a las que la ley se lo autorice, y el Consejo General del Notariado, a efectos estadísticos, pueden acceder al Índice Único o a su contenido. Nunca los Notarios. De ello se sigue que esta aplicación carece de base legal.

Segunda.- Dado que la base de datos de la que se obtiene la información es, como decimos, el Índice Único, y que según consta en el Registro de Ficheros Informáticos de la Agencia Española de Protección de Datos, la finalidad del Índice Único es únicamente “la remisión de la información de que se trate a las Autoridades Judiciales y AAPP que conforme a la ley tengan derecho a ello”, la autorización de este fichero no ampara el uso que mediante la nueva aplicación se pretende darle. Tampoco el consentimiento que nos prestan los otorgantes de las escrituras, en cuanto titulares de los datos que plasmamos en las mismas, ampara la comunicación de tales datos que posibilita la nueva aplicación (artículos 5.1 a), 6.1 y 11.1 y .3 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos). Por todo ello, se infringe la normativa sobre protección de datos.

Tercera.- El secreto de protocolo abarca no solo el contenido de los instrumentos, sino el hecho mismo de haberse otorgado un instrumento público: como ha señalado reiteradamente la Dirección General de los Registros y del Notariado (así, en Resoluciones de 29 de diciembre de 1998 y 26 de enero de 2000), “la simple divulgación de la existencia o no de un instrumento público, en cuanto afecta al principio general del secreto del protocolo, debe estar sujeta a las restricciones que de éste derivan”. Además, y conforme al artículo 224 del Reglamento Notarial, la apreciación del interés legítimo del solicitante corresponde al notario titular del protocolo. Por todo ello, esta aplicación vulnera el secreto de protocolo.

Cuarta.- La existencia misma de esta aplicación supone un nuevo riesgo para todos los notarios, pues cualquier juez podría imputar responsabilidad a cualquier notario por no consultarla (piénsese, por ejemplo, en las actuaciones con poder: ¿por qué el notario, pudiendo hacerlo, no utilizó la aplicación para consultar si el poderdante había otorgado la escritura de revocación de poder?)

En defensa de la nueva aplicación ya se han podido escuchar argumentos tales como que la consulta la realiza el notario con la responsabilidad que se le presupone, y bajo la responsabilidad que asume (lo cual en ningún caso salva la falta de base legal de la medida); que se ha recabado un informe de un abogado del Estado del que resulta que no se vulnera ninguna norma (informe cuyo contenido sería interesante que los notarios pudiéramos conocer); que es una herramienta imprescindible para que los notarios podamos ejercer las nuevas competencias que se nos atribuyen respecto de las aceptaciones de herencias a beneficio de inventario (cuando sería más fiable, y respetuoso con la ley, establecer por ejemplo la posibilidad de acceso por los notarios, previa solicitud del interesado, a CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España); o que no debemos ponernos puertas a nosotros mismos, y que si no somos capaces de asumir riesgos mejor volvamos a la pluma de ave.

Este último argumento resulta especialmente llamativo: ¿señalar la necesidad de cumplir la ley es ponernos puertas a nosotros mismos? ¿Cuáles son esos “riesgos” que el notariado ha de ser capaz de asumir? ¿Adoptar medidas carentes de la necesaria cobertura normativa? Tenemos otro ejemplo de esta manera de proceder en la Base de Datos de Titular Real, creada, también sin amparo legal, a partir del Indice Único, y en las medidas que se están tomando para tratar de depurar sus datos.

Con la nueva aplicación, en definitiva, todos los notarios podemos acceder al contenido del Indice Unico. No es difícil adivinar cual es el propósito que hay detrás de esta medida: avanzar hacia un protocolo único electrónico. Todo lo cual podrá ser más o menos útil y conveniente, pero debería hacerse abiertamente y previo el oportuno debate dentro de la corporación (en lugar de subrepticiamente y con la apariencia de una aplicación anodina) y requeriría a continuación de las reformas normativas que lo dotasen de respaldo legal.

No hay que olvidar que el Notariado es un cuerpo heterodeterminado, que carece de la autonomía precisa para modificar las normas legales y reglamentarias. Y que ANCERT, como ya se dijo en un post en este mismo blog, no es “el nuevo legislador”.

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5 Responses to "Sobre la nueva aplicación de ANCERT: el “Informe de Actividad del Fallecido”"

  • Gerard Gales
    18 julio, 2015 - 10:07 Reply

    ¿Esto lo justifica la supervivencia del Notariado?si no se hace esto,¿oiremos lo de “no sabéis,sino lo hacemos,seria mucho peor”?¿es que esto lo exigen en “economía”?¿o se trata solo de explotar vías de negocio,que incrementen los ingresos de ANCERT y con ello las retribuciones de sus directivos?¿el Consejo de Administración de la compañía no tiene nada que decir?¿el socio único?¿es ANCERT un ente autónomo e independiente?¿quién respondera cuando se haga un mal uso de esto,creado sin cobertura normativa?¿el seguro,o sea todos, en último termino,por el bien de la imagen del Notariado?¿no es esto igual o incluso peor que el sistema de legalización de libros en el registro mercantil,que fue tumbado por los tribunales y hubo de modificarse?¿es nuestro futuro la gestión y el tratamiento de datos?¿esto no lo hace mejor Microsoft?¿qué relación tiene esto con AGN?.¿Dara el presidente del consejo alguna explicación,saliendo de su torre de marfil desde la que solo ocasionalmente se comunica con los notarios vía email?Esto último seguro que no,falta gallardía.

  • Santiago
    18 julio, 2015 - 12:28 Reply

    Tengo un buen amigo y compañero de facultad que es Secretario de Ayuntamiento. Cuando nos reunimos solemos hablar del estado de nuestras respectivas profesiones y de las cuitas que nos deparan. El me cuenta de su trabajo que a menudo los Alcaldes, políticos con una perspectiva política, tienen una idea o un proyecto y quieren llevarlo a cabo sin pararse en barras, en el plano jurídico que a él le toca. Y ha de soportar presiones y tiras y aflojas cuando le explica al Alcalde que hay unas reglas que respetar y unos tramites y requisitos que cumplir. Tuvo un Alcalde que le decía: “bueno, ya encontraras la manera. Tú vístemelo, vístemelo”.
    Y me da la impresión de que nuestra Junta de Decanos cada vez funciona más así. Se concibe un proyecto y se decide sacarlo adelante aún cuando su apoyo jurídico sea insuficiente o cuestionable. Y luego se trata de vestirlo, que supongo que es donde entra el abogado del Estado con sus informes.
    Me resulta muy triste que el Notariado, uno de los cuerpos por excelencia de juristas cualificados, haya llegado a esta situación.

  • JOSÉ-JAVIER CUEVAS CASTAÑO
    20 julio, 2015 - 01:26 Reply

    ¡¡¡¡¡NO ME LO QUIERO CREER!!!!!!

    • IÑIGO ROMERO DE BUSTILLO
      20 julio, 2015 - 11:58 Reply

      YO NI PUEDO NI QUIERO CREERMELO, JAVIER!!!!

  • JOSE-JAVIER CUEVAS CASTAÑO
    20 julio, 2015 - 21:47 Reply

    Me gustaría conocer la opinión e implicación de Cesar Belda, el acuerdo del Consejo General y los dictámenes que deberian respaldarlo.
    El halago y la complacencia con los poderes establecidos no es garantía de supervivencia sino prueba de acobardamiento. A lo mejor ganamos algún punto ante los que mandan, pero será a costa de la desnaturalización del oficio y eso, unido a hechos aislados pero inconfesables, nos hará perder el decreciente respaldo social que debería ser garantía de supervivencia

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